Indignación e incertidumbre es la que están viviendo las 12 familias de la calle 11, en el sector de Santa Inés de Viña del Mar. Esto luego de que en noviembre del año pasado la Iglesia Mormona decidiera vender su templo a la Inmobiliaria Mirador Pacífico Ltda., para la construcción de una torre de 20 pisos. Situación que según los residentes del sector, afectaría incluso sus derechos constitucionales.
Esta transacción, que según fuentes extraoficiales alcanzó los $700 millones, motivó a los vecinos a interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del municipio viñamarino, solicitando además la orden de no innovar para cualquier tipo de trabajo en el terreno, donde aún se encuentra apostado el templo. La petición fue acogida y las más de cien familias que respaldaron el documento, se encuentran a la espera de reuniones con las autoridades pertinentes.
El problema es que según alegan los residentes, pareciera no haber un pronto diálogo, pues previo al trámite judicial, solicitaron en reiteradas ocasiones citas con la alcaldesa Virginia Reginato (ver recuadro) y el actual seremi de Vivienda, Mauricio Candia, sin embargo, acusan, no han tenido ninguna respuesta.
'A la alcaldesa le enviamos cartas en diciembre y en enero solicitando una reunión con ella, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Esa solicitud se la mandamos con firma de todos los vecinos, los de la calle 11 y alrededores, porque nosotros no somos los únicos afectados con la construcción de este edificio', alegó el vicepresidente de la agrupación Centro Urbano y Medio Ambiente de Santa Inés (Ceuma), Nelson Paredes.
El edificio, cuya construcción fue aprobada el 15 de abril pasado por la municipalidad viñamarina, contemplará, según los planos del proyecto, una torre de 20 pisos, más sala de máquinas y dos subterráneos destinados a 118 estacionamientos para 98 departamentos, todo esto en medio de un barrio donde solo existen casas que fueron construidas hace 60 años.
Para la agrupación que representa Paredes y que trabaja en coordinación con la Junta de Vecinos de Santa Inés, no solo las características de la obra son ilegales, sino que además el proceso de edificación y su posterior habitación afectarán seriamente a la calidad de vida a la que están acostumbrados.
'Primero que todo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción señala que las vías que tengan menos de once metros son consideradas pasajes. Esta tiene un poco menos de 10 (metros). Eso significa según la ley, que solo pueden construirse edificios de dos pisos más una mansarda', indicó Paredes.
'Esta gran torre de cemento que nos quieren instalar, afectará seriamente al tránsito vehicular mientras se construya y cuando lo habiten. ¿Se imagina el ruido y mugre que va a haber aquí? Y la mayoría de los vecinos son de la tercera edad. A eso se suma la privación de luz, que además de humedad y sombra, afectará la salud física y psíquica de los vecinos. A todo eso se le agrega que, por supuesto, bajará la plusvalía del barrio', agregó el vicepresidente de Ceuma.
