¿Quién responde por Quintero?
El informe de la Fiscalía Marítima, notificado esta semana a las partes involucradas, sobre el derrame de petróleo desde el buque filipino Mimosa, en la bahía de Quintero, el pasado 24 de septiembre, reveló que el volumen alcanzaría los 38 mil 500 litros de crudo (38,5 metros cúbicos), casi duplicando la versión anterior entregada por ENAP, que establecía 22 mil litros, la que a su vez ya era casi diez veces más que el cálculo inicial.
El crecimiento geométrico de los cómputos genera, al menos, un ánimo de desconfianza en la golpeada comunidad local, ya afectada por múltiples episodios de contaminación de la más diversa índole. Pero, asimismo, asoma en la región una extraña familiaridad con catástrofes pasadas, en las cuales las responsabilidades por la falta de prevención, el accidente en sí y la lenta e insuficiente respuesta a la emergencia, suelen diluirse en forma inversamente proporcional al petróleo que aún flota desde Papudo hasta Puntilla Sanfuentes y cuya arista penal es investigada por el Ministerio Público.
Entre los principales actores del trágico episodio, además de ENAP, están las empresas responsables del buque y del remolcador, ambas vinculadas a Ultramar, la Armada, el Gobierno Regional y el Ministerio de Medio Ambiente, ninguno de los cuales han sido capaces de vislumbrar los alcances políticos del episodio.
Tampoco deja de ser sugerente que uno de los pocos representantes del Gobierno Regional que sí estuvieron presentes, en el minuto de la tragedia y durante los días más duros de la crisis, haya sido el principal foco de la ira de los pescadores. Ello, mientras el jefe regional y la autoridad medioambiental optaron por no postergar sendos viajes a Europa.
Más allá de las responsabilidades específicas, parece ser hora de que se vuelvan a revisar y endurecer los protocolos de descarga por parte de la autoridad marítima, como también de que el Ministerio del Medio Ambiente ponga en práctica su tantas veces enunciadas políticas más efectivas de descontaminación en la bahía.
En términos estratégicos, un conflicto que se estimaba, sino superado, al menos atenuado por los planes de inversión y proyectos de desarrollo en la zona, podría peligrosamente reencender los ánimos de los pescadores y de la población, no siendo pocos quienes incluso temen un escenario cercano a Freirina o Coyhaique.
Quedan en el aire, además, dos preguntas que nadie se anima a hacer: ¿cuáles son las responsabilidades políticas en el evento?, y, acaso la más urgente, ¿quién responde por Quintero?