El Ministerio de Obras Públicas ha presentado los antecedentes para la tramitación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del futuro embalse Las Palmas, que se proyecta construir en la cuenca del río Petorca para asegurar el riego de unas 6.000 hectáreas productivas. El embalse, que contará con un muro de enrocados de 70 metros de altura, permitirá acumular un volumen de unos 55 millones de metros cúbicos de agua.
La necesidad de este y otros embalses, aparte de diversas obras anexas y complementarias, sobre todo en la zona de Petorca, una de las más afectadas por los ya cinco años seguidos de sequía, es innegable, de modo que el proyecto ha ingresado con una petición de tramitación acelerada. Esta obra, de ser aprobada, se sumará al embalse de Chacrillas, también en la zona interior, y a una serie de embalses menores que están en etapa de proyecto.
El mayor inconveniente que puede presentar la construcción del embalse es que se debe inundar una superficie de 252 hectáreas, que afectarían a la vegetación del sector y a la fauna nativa. No obstante los posibles perjuicios que pudieran suscitarse, existe un bien mayor que es la urgencia de contar con lugares de acopio para captar las aguas de las cuencas, como también evitar su dispersión luego de las precipitaciones invernales, lo que aseguraría el riego e impediría la pérdida de siembras y plantaciones.
En todo caso, el Ministerio de Obras Públicas ha propuesto llevar a cabo la relocalización de aquellas especies de animales que ven afectada o amenazada su existencia, debido a la intervención y modificación de sus hábitats, como igualmente el rescate de aquellos ejemplares de especies en estado de conservación que sean impactadas por el proyecto, de acuerdo con lo asegurado por el secretario regional ministerial del ramo, Miguel Saavedra.
Es tarea prioritaria acelerar los pasos de este y otros proyectos hídricos, pues nada asegura que este año y los siguientes sean lluviosos, de modo que estas obras, aunque de lento desarrollo, deben ejecutarse cuanto antes en beneficio de las zonas afectadas y de sus habitantes. En todo caso, se espera que esta tramitación demande un trabajo de seis meses, y que una vez acogida se pueda licitar la iniciativa en el próximo año, por lo que su puesta en servicio sería para el año 2020.