Próximo a conocerse el informe final de la auditoría que se realizó en la Administración del Edificio Esmeralda de la Intendencia Regional, tras quedar al descubierto que funcionarios se mantenían con sus cotizaciones impagas, que había retraso en el pago a proveedores y otros hechos que podrían ser constitutivos de delitos, se estima que la deuda detectada podría alcanzar los $ 35 millones, 9 de los cuales corresponden a cotizaciones impagas.
Tras una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) en enero pasado, que detectó irregularidades en la emisión de facturas y eventuales delitos tributarios, el Consejo de Administración del Edificio Esmeralda, presidido por el gobernador Omar Jara, junto al seremi de Bienes Nacionales, Jorge Dip, y que involucra a los más de 20 servicios públicos y reparticiones que ocupan las dependencias del recinto estatal, resolvió poner fin al contrato con el administrador implicado en las presuntas irregularidades, Drago Marín, quedando el cargo en un interinato.
A su vez, y con los antecedentes recopilados, el gobernador Jara interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso. La Unidad Anticorrupción ha realizado una serie de diligencias en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, entre ellas la incautación de los equipos computacionales y archivos contables.
Cabe consignar que la administración del edificio de la Intendencia Regional, ubicada en calle Melgarejo, tiene a su cargo la mantención del recinto, aseo y seguridad, para lo cual cuenta con cerca de 30 funcionarios, en su mayoría contratados a través de la empresa externa que tenía a su cargo dicha labor.
A su vez, las seremis y reparticiones públicas que ocupan las oficinas del recinto, pagan mensualmente una elevada cifra por concepto de gastos comunes, cercana al millón y medio de pesos por piso. El uso indebido de estos recursos y otras situaciones anómalas son materia de investigación por parte del Ministerio Público.
Respecto a los serios inconvenientes que ha enfrentado el principal edificio fiscal de la región, el gobernador Jara detalló que se trabaja intensamente en tener claridad respecto de las cuentas de la anterior administración. 'Estamos prontos a recibir el informe definitivo de la auditoría que encargamos, ahí tendremos mayor claridad respecto de la deuda que nos dejó la administración anterior', puntualizó.
Aclaró que, a objeto de pagar esa deuda, 'procederemos a judicializarla, por lo tanto ese informe lo vamos a adosar a la denuncia que hicimos en su momento respecto de esta administración a la Fiscalía'.
El gobernador Jara subraya que la voluntad es pagar la deuda, en especial la previsional, pero para proceder a esos pagos 'debemos judicializar la deuda, no podemos hacer pagos antes de hacer esta judicialización, para requerir que esos pagos, que debieron ser hechos por la gestión anterior, los haga efectivo'. La autoridad regional confirma que las estimaciones oscilan entre los 30 y 35 millones, la cual incluye a diversos proveedores.
El Consejo de Administración resolvió contratar un nuevo administrador a través de un proceso de concurso público, que ya está en desarrollo.
Para tales efectos está recibiendo los antecedentes de los postulantes a ocupar el cargo, a objeto de seleccionar al profesional más idóneo y evitar nuevas irregularidades. El proceso deberá quedar resuelto a fines de marzo, para iniciar la nueva administración externa a partir del 1 de abril.
Debido al grave desorden administrativo detectado, uno de los aspectos que busca clarificar la auditoría a la administración del recinto, tiene relación con el real costo de la mantención del edificio de 21 pisos y tres subterráneos, que data de 1981.
El elevado costo por metro cuadrado ha llevado incluso a que algunas reparticiones hayan buscado otras alternativas para funcionar, sin embargo el edificio Esmeralda concentra la mayor cantidad de servicios públicos. Si el cobro de los gastos comunes durante los últimos siete años llegó a buen destino, aún es materia de investigación.
$ 9
