Tras la presentación realizada el pasado lunes ante la Contraloría Regional para obtener un pronunciamiento "respecto de la legalidad y regularidad administrativa del procedimiento adoptado por Sernatur", en relación a la asignación directa de 282 millones de pesos correspondientes a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), aprobados en el marco del programa "Difusión, Fomento y Promoción del Turismo Local y Regional", tras el derrame de petróleo que afectó a la bahía de Quintero, un grupo de consejeros regionales (core) analiza una eventual denuncia ante el Ministerio Público por hechos que podrían ser constitutivos de delitos en este mismo caso.

Una posible sobrevaloración de precios en diversas actividades realizadas durante el verano, que debían ser destinados para promoción y difusión turística de las comunas afectadas por el derrame de petróleo en la bahía de Quintero, así como el fraccionamiento de los proyectos para evitar la licitación pública, serían algunos de los aspectos que un equipo de abogados ligados a la bancada UDI está analizado para elaborar la denuncia, que se podría concretar el próximo lunes.

Los serios cuestionamientos a la rendición de fondos públicos por 370 millones de pesos, por parte de la directora regional de Sernatur, Claudia Araos, que fue rechazada en dos ocasiones por la Comisión de Inversiones del Core, presidida por el consejero Roy Crichton, derivó en la presentación realizada ante el organismo contralor, debido a que "un 75% de los fondos comprometidos fueron adjudicados a un mismo proveedor en un lapso de 60 días. Esto corresponde a más de $ 282 millones mediante trato directo, sin mediar licitación alguna".

El intendente regional, Ricardo Bravo, salió al paso de las acusaciones y defendió el actuar de Sernatur. El martes pasado, junto al seremi de Economía, Omar Morales, concurrió ante Contraloría "para que revise los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en las distintas reparticiones. En este caso, la Contraloría revisará y verá si efectivamente se ajustan a los procesos administrativos autorizados que tiene Sernatur".

Respecto de la asignación directa de fondos a la productora Claudia Varas Q., relacionada a los partidos Socialista y Democracia Cristiana, Bravo subrayó que "no tengo conocimiento si es militante o no de un partido, eso es irrelevante al momento de decidir si los procesos administrativos corresponden o no, lo primero será revisar los antecedentes y tomar las medidas correspondientes sobre si los procesos están o no bien hechos".

Según Bravo, la directora de Sernatur le informó que "en este proceso trabajaron 3 consultoras y que no había otra alternativa que contratar a una productora a través de un convenio marco, ya que no había tiempo para una licitación".

El consejero Manuel Millones, junto a "un grupo de colegas", adelantó que se analiza la presentación de una denuncia ante Fiscalía, puesto que la directora de Sernatur "se ha negado a aportar una serie de antecedentes respecto a la adjudicación de estos recursos". Millones reconoce que las transferencias de recursos son "muy poco controlables", ya que no se acompaña el detalle de los proyectos para luego contrastar presuntas irregularidades. En el caso de la sobrevaloración de proyectos, se podría incurrir en un delito de fraude al Fisco.

Alexis Paredes R.