Como una "señal potente" que en esta segunda etapa del Gobierno Regional trabajarán personas de exclusiva confianza de la nueva autoridad, desmarcándose del cuoteo que suelen tener los partidos políticos, el intendente Gabriel Aldoney designó al abogado viñamarino Luciano Hutinel Penjean como jefe de gabinete.
Hutinel es considerado un hombre del círculo más cercano de Aldoney, ya que el profesional lleva adelante la causa de DD.HH. por la desaparición de su hermano Jaime, lanzado al mar tras ser detenido el 13 de septiembre de 1973.
En abril pasado, Aldoney presentó una demanda civil contra el Estado chileno, acción reparatoria como víctima de los crímenes de lesa humanidad, por un monto total que alcanza los $ 400 millones, a repartir entre el intendente, otro de sus hermanos y la viuda del fallecido Jaime.
Si bien en semanas anteriores sonaba como el más seguro jefe de gabinete uno de los hombres de confianza del alcalde Mauricio Viñambres, actual presidente regional del Partido Socialista, en el que también milita Aldoney, la designación de Hutinel rompe los esquemas respecto a la "pinta política" que han tenido en los últimos gobiernos regionales los titulares en dichas funciones.
"Esta es una señal de Aldoney respecto a que no habrán cuotas políticas en su designación como intendente", comentó un personero sobre el sorpresivo nombramiento.
CASO TSUNAMI
Luciano Hutinel tuvo una protagónica aparición en los medios de comunicación a nivel nacional por ser uno de los querellantes en el Caso Tsunami, que investiga las responsabilidades penales en la desaparición y muerte de 104 personas tras el terremoto del 27/F de 2010.
El exalumno del Seminario San Rafael de Viña del Mar representó a familiares de 80 de las víctimas registradas en Constitución, Talcahuano y San Antonio, arista penal donde el Ministerio Público acusó por cuasidelito con resultado múltiple de homicidio a seis funcionarios públicos, entre ellos el exsubsecretario del Interior, Patricio Rosende; la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández; y el exdirector del SHOA, Mariano Rojas.
En declaraciones vertidas a la prensa, Hutinel enfatizó que tanto Carmen Fernández como Patricio Rosende "ocultaron información a la población tras enterarse del tsunami que había afectado a Juan Fernández, impidiendo que la gente pudiese ir a un lugar seguro o no", en medio del revuelo mediático que generó el desarrollo de la investigación.
En forma paralela, los querellantes han intentado llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado para negociar indemnizaciones para los parientes directos de los fallecidos.
El el último tiempo, Luciano Hutinel se desempeñó en la Universidad de San Sebastián como director del Instituto de Estudios Jurídicos, en la que es decano el exfiscal regional de la Zona Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, con quien el abogado trabajó extrechamente durante su permanencia en el Ministerio Público. Como asesor del persecutor logró importantes condenas, entre ellas por abuso sexual a menores en contra del exsenador Jorge Lavandero, en junio de 2005.