Pamela Boltei
Una amplia mayoría de los habitantes del Gran Valparaíso cree que no se ha terminado con la denominada puerta giratoria de los delincuentes, y que la culpa la tienen las leyes poco estrictas y los jueces.
El estudio llamado "Percepción del Sistema Judicial", realizado por la Universidad Andrés Bello (UNAB) y GFK Adimark, a 200 personas del Gran Valparaíso en junio de este año, arrojó que un 74,5% de los encuestados cree que los delincuentes pasan muy poco tiempo en la cárcel y que luego salen a delinquir. Acusan como responsable de ello a las leyes poco estrictas (56,8%) y a los jueces (29,6%).
En cuanto a la opinión de las personas respecto al funcionamiento del sistema judicial chileno en los últimos cinco años, un 57% dice que ha mejorado; un 35% dice que ha empeorado; y un 8% dice que está igual. De quienes creen que ha empeorado, un 27% dicen que es por culpa de la puerta giratoria; un 13%, porque falta mano dura y un 13% porque no se hace justicia.
En relación a la mirada a futuro, un 64% de los encuestados creen que en cinco años más todo va a seguir igual; un 27% piensa que va a mejorar y un 9% que va a empeorar.
Este año se cumplen 10 años desde que la reforma procesal penal se empezó a aplicar en la ciudad de Santiago. Se les consultó a los encuestados qué nota le pondría a la reforma, según sus experiencias o lo que han oído, y un 64% de ellos la calificó con notas del 1 al 4; y solo un 7% con notas 6 y 7. En tanto, un 68% de los hombres y un 61% de las mujeres reprobaron la reforma procesal penal.
Ante la pregunta ¿recuerda alguno de los cambios que se introdujeron con la reforma procesal penal?, un 44% de las personas dijo que no recuerda; un 22% afirmó que recuerda los juicios públicos; un 13% sostuvo que recuerda más rapidez en los juicios y plazos para investigar; un 6% que la investigación es exclusiva del fiscal y un 5% recuerda el juicio oral.
Respecto a la cantidad de personas privadas de libertad o presas, se les preguntó a los encuestados si creían que hoy en día hay más, menos o la misma cantidad de personas presas que antes de la reforma procesal penal. Un 48% dijo que se mantiene la misma cantidad de presos; un 35% afirmó que cree que hay más; y un 17% que hay menos.
Consultados sobre casos emblemáticos que recuerden en que se haya hecho justicia, un 41,7% dijo no recordar alguno; un 16,9% afirmó que recuerda el caso Emilia (que posteriormente dio paso a la ley que lleva el mismo nombre); un 15,6% dice que recuerda que en ninguno se ha hecho justicia; un 10,9% respondió que el caso Zamudio; un 3,7 el caso Penta; un 3,6% la colusión de las farmacias; un 2,6% el caso La Polar; un 1,2% los femicidios; un 1,2% los casos de detenidos desaparecidos o presos políticos; y un 1,1% el caso de la mujer apodada La Quintrala.
Sobre casos en que recuerden que no se ha hecho justicia, un 24% dice recordar el caso de Martín Larraín, el hijo del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín; un 17% dijo no recordar; un 9% nombró el caso de Jonnhy Herrera; un 9% el caso Caval; 8% el caso Penta y la colusión de farmacias; 5% el caso Matute Johns y el caso Karadima; y un 3% la arista Soquimich, el caso Arturo Vidal y el caso Emilia.
Al respecto, el disputado Rodrigo González (PPD) coincidió con los resultados proporcionados por el estudio, al señalar que "la percepción que tiene la ciudadanía es que el sistema judicial imparte justicia solamente a los que tienen más recursos, mientras que para los más vulnerables en Chile no la hay".
Sin embargo, exculpó a los jueces de las responsabilidad del sistema, puesto que "es la burocracia la que se traga la buena disposición y voluntad que pudieran tener los distintos actores en esta materia. Los fiscales están absolutamente copados de causas, hay un sobre trabajo enorme".
Por lo mismo, el diputado por Viña del Mar es partidario de que exista un aumento en las penas "en algunos casos", como lo reflejaron los encuestados en el reciente estudio.
"Hay que aumentar las penas en algunos aspectos, como los que dicen relación con abusos de poder en el Estado, que tienen penas irrisorias con respecto a las de un pequeño hurto. Todas las que tengan relación con fraude al fisco, cohecho, malversación de fondos o tráfico de intereses".
La misma línea mantuvo el senador Francisco Chahuán (RN), quien explicó que "hemos estableciendo la necesidad de una reforma a la reforma procesal penal que dé más garantías a las víctimas que a los imputados. Después, creemos que hay que hacer ajustes a la ley de responsabilidad penal juvenil y, por supuesto, generar un nuevo código penal".
Incluso, agregó que junto con el senador Alberto Espina (RN) han presentado en el Parlamento una agenda corta de seguridad ciudadana.
"Hoy la situación es dramática. Lo que es súper necesario es cambiar la ley, sobre todo porque en la región hay una situación insostenible porque el 93% de las causas penales en Valparaíso terminan en impunidad, y esa sensación termina siendo elocuente".
