Contraloría detecta pagos irregulares tras megaincendio
VALPARAÍSO. Informe da cuenta de graves fallas en los sistemas de control para la contratación de maquinaria a empresas que retiraron escombros de zona siniestrada. Una arista derivada a Fiscalía.
Una investigación especial realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso dio cuenta de una serie de irregularidades en el gasto de los Fondos de Emergencia realizado por el Gobierno Regional en la contratación y pagos por arriendo de maquinaria y camiones para la extracción y remoción de escombros producto del megaincendio que afectó a Valparaíso el 12 de abril de 2014.
Entre las distintas aristas que develan un desorden administrativo durante este periodo, una que podría ser constitutiva de delito da cuenta que los report o viajes que respaldan los trabajos realizados por maquinaria de la Constructora Benavente, contratada para tales fines por un total que supera los $ 138 millones, registran un timbre de la Municipalidad de Valparaíso pero "sin que conste a quién pertenece la firma que aparece en dichos documentos", lo cual impide acreditar la efectiva realización de dichas labores. Por tal motivo, Contraloría Regional resolvió entregar los antecedentes al Ministerio Público para los fines "que dicha entidad estime pertinente".
Otros hechos que constituyen actos administrativos irregulares, según consta en el informe de la Contraloría, tienen relación con que patentes de automóviles, station wagon o camionetas, y no camiones, aparecen en las órdenes de compra realizando los report de extracción de escombros desde los sectores siniestrados. Dichos casos deberán ser aclarados por la Intendencia Regional, exigiendo, en el caso que corresponda, "la devolución del monto indebidamente desembolsado", existiendo un plazo de 30 días para evacuar el informe respectivo a objeto de esclarecer el pago de esos servicios, que alcanzan los 10 millones 800 mil pesos.
También se detectó una diferencia de 53 horas entre las efectivamente trabajadas en la contratación de minicargadores y la suma entregada a uno de los contratistas, que implicó el pago de casi 3 millones y medio de pesos, sin el respaldo efectivo de tales servicios.
La auditoría respecto al gasto de los Fondos de Emergencia realizada por el Gobierno Regional se efectuó tras la denuncia interpuesta ante el órgano contralor por uno de los contratistas que se desempeñó en dichas labores, quien solicitó investigar las contrataciones y prestaciones realizadas por seis empresas que trabajaron en el retiro de escombros y limpieza en los cerros afectados, existiendo serias dudas respecto a si hubo una correcta fiscalización de esos trabajos y la forma en que se estableció "el valor y pago de esas prestaciones por parte de la Intendencia Regional".
Según el denunciante, pese a proporcionar servicios similares y bajo las mismas condiciones que los otros proveedores, la Intendencia Regional no le canceló sus prestaciones, pese a que habrían cobrado hasta un 30% más caro que él y que la fiscalización de dichos servicios los habría realizado la seremi MOP, situación que no se habría producido en la práctica.
Producto de esta situación existe una factura y orden de compra impaga que bordea los $ 300 millones, ante lo cual el contratista Jaime Figueroa factorizó la deuda a la empresa Eurocapital SA, que entabló una demanda civil en contra de la Intendencia Regional para ejecutar el monto pendiente. En octubre de 2014 la empresa de activos inició acciones civiles en contra del Gobierno Regional, representado por el exintendente Ricardo Bravo, ganando una serie de instancias, producto de lo cual permanece embargada la cuenta corriente del organismo público.
De acuerdo a lo que declaró a este medio el exintendente Bravo, en la edición del 13 de octubre de 2014, al pesquisar el horario y lugar en que operó la maquinaria del contratista Figueroa, además de los antecedentes aportados por subcontratistas que prestaron dichas funciones, surgió, según su versión, una diferencia entre $ 120 y $ 160 millones en relación a la factura emitida originalmente, por lo que se instruyó paralizar los pagos ante un eventual fraude en el cobro por trabajos no realizados. El caso continúa en manos de la justicia.
Las fallas administrativas detectadas también apuntan a "duplicidad de pagos", existencia de contratos suscritos o aprobados con posterioridad a la entrega de los servicios; constatación que los report (viajes) que respaldan los pagos efectuados a las empresas Ingeproc SPA, Rukatango y Constructora Benavente no indican el nombre del operario del móvil, contraviniendo una de las cláusulas de los contratos; y fallas en la supervisión de las labores contratadas a la constructora Benavente.
Otro de los puntos hace referencia a la existencia de tratos directos superiores a las 100 UTM que no se formalizaron a través de un contrato, contraviniendo el "Manual de Procedimiento de la utilización de recursos y los bienes en caso de emergencia y catástrofe". Ante esto la Intendencia deberá adoptar las medidas para que dicha situación irregular no vuelva a reiterarse.
Según la Contraloría, las irregularidades en el Gore también apuntan a la "falta de resolución fundada" que autorice la contratación directa a los proveedores Secainmaq y Las Chilcas, contraviniendo el "Manual de procedimiento".
En su conclusión N° 12, la Contraloría precisa que la Intendencia Regional pagó prestaciones de servicio cuyos "report" no registran la hora de inicio y término de cada jornada laboral por vehículo, así como diferencias en las órdenes de compra y las resoluciones que se aprobaron. También la existencia de resoluciones que aprobaron trato directo y que fueron publicadas en el Portal Mercado Público entre 2 y 314 días después de su emisión, que establece un plazo máximo de 24 horas.
Otro hecho considerado grave es que se verificó el pago a un camión que prestó servicios a la empresa Rukatango; sin embargo, existe un segundo cobro a la Intendencia por los mismos días y de idéntico vehículo por parte del denunciante, materia que actualmente está en los tribunales de justicia.
En relación a los cuestionamientos a las fiscalizaciones realizadas en terreno a los servicios contratados producto de la emergencia, el seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra, aclaró que el Comité Operativo de Emergencia (COE) definió apoyar la labor del municipio porteño con diversos recursos dispuestos por el Ministerio del Interior. "Se decidió sectorizar la remoción de escombros. Por eso el municipio de Valparaíso se hizo responsable de la extracción de algunos cerros y nosotros, como MOP, apoyamos el trabajo en otros sectores -El Litre, Las Cañas y Pajonal-, para lo cual se contrató a ciertas empresas que tenían disponibilidad de maquinaria. Algunas empresas las tuvimos nosotros supervisando en terreno y otras el municipio", afirmó.
Según la autoridad, algunas observaciones fueron subsanadas, tales como el cotejo de las patentes que tenían un error de transcripción, pero "los principales problemas de control tienen relación con las empresas que debían ser fiscalizadas por el municipio. Dentro ellas estaba la empresa de Figueroa, que ha sido cuestionada, y la Constructora Benavente. En base a esos informes, tanto del municipio como nuestros, la intendencia efectuó los pagos".
"Los principales problemas de control tienen relación con las empresas que debían ser fiscalizadas por el municipio"
Miguel Saavedra, Seremi de Obras Públicas (MOP) de Valparaíso
Intendente: "No hay faltas a la probidad"
Respecto a este informe, el intendente Gabriel Aldoney detalló que el equipo jurídico del Gore está elaborando una respuesta a la Contraloría a objeto de subsanar las observaciones administrativas. Añadió que el municipio "está corrigiendo" las anomalías que se produjeron en las rendiciones, por lo que son "problemas administrativos solucionables y no existe una situación que implique una falta a la probidad, por lo que esperamos los descargos del municipio y que la Contraloría emita su informe final". Aldoney enfatizó que incluso algunos proveedores de servicios están dispuestos a restituir valores por pagos que se hicieron de más.