En circunstancias de que la Contraloría Regional por segunda vez se abstiene del trámite de toma de razón de los contratos para la ejecución de dos importantes obras viales en Valparaíso, los conductores de vehículos y en general el público deben seguir soportando los problemas que presenta nuestra la principal vía urbana, como lo es la avenida España.
La Contraloría debe tener muy buenas razones de orden técnico para negarse a dar el pase a los dos contratos adjudicados por el Servicio de la Vivienda y Urbanización (Serviu) a la firma Inatec Ltda., por más de 5.000 millones de pesos, y por ello habrá que seguir esperando, sufriendo los innumerables baches en las pistas de circulación, algunas estrecheces y curvas mal planteadas en dicha avenida, al margen que continuará pendiente una inversión que figura entre los planes gubernamentales para dar un impulso a la economía regional y para generar, al mismo tiempo, absorción de mano de obra, adquisición de insumos y contratos con proveedores o subcontratistas. Todo ello, mientras se dilucida esta situación de orden administrativo y jurídico.
No obstante que en el caso de la obra de Baden Powell el Serviu adjudicó el proyecto a la mencionada empresa y se firmaron los contratos respectivos, el Serviu no ha cursado los pagos parciales pactados, toda vez que los trabajos en la obra ya han alcanzado un 35% de avance, argumentando este organismo que no se han cancelado los estados de pago precisamente porque el proyecto aún no cuenta con el visto bueno del ente contralor.
Cabe tener presente que el asunto se complica más aún, ya que paralelamente las empresas oferentes que quedaron fuera de las dos licitaciones han iniciado acciones ante los tribunales de justicia, reclamando su mejor derecho para ser consideradas en la decisión del Servicio de la Vivienda.
Esta situación trae aparejados problemas de orden político, puesto que la ciudadanía observa, con preocupación, de que no se cumplen a cabalidad los procesos administrativos en estas obras de gran relevancia y que tampoco cabe la intervención gubernamental o de las instituciones políticas mismas por estar en manos del ente contralor, que en forma independiente y autónoma adopta las decisiones que estima procedentes y ajustadas a derecho. En conclusión, urge salvar las observaciones o hacer una nueva licitación, todo ello lo más pronto posible.