El Ministerio Público no descarta la presencia de actos que podrían ser constitutivos de delito tributario en el marco de la investigación del denominado caso Caval que persigue presuntos delitos de negociación incompatible, violación de secreto y tráfico de influencias.

Así lo aseguró a Emol el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, tras recibir los avances de la investigación que durante dos meses estuvo a cargo del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, periodo en el cual el fiscal titular, Luis Toledo, se encontraba en competencia para suceder a Sabas Chahuán en el cargo de fiscal nacional.

"La investigación se encuentra en un estado bastante avanzado y estimamos que una vez concluido el trabajo del Servicio de Impuestos Internos, que se coordinó con el fiscal de la Novena Región, podríamos tener una pericia que nos dé luces sobre eventuales delitos tributarios que también podrían estar presentes en esta causa", dijo.

Asimismo, se refirió a la salida del país del principal imputado,Sebastián Dávalos, mencionando que tanto él como su esposa, Natalia Compagnon, "siempre han comparecido a las actuaciones del procedimiento", agregando que durante esta etapa procesal, no es necesario que se informe al Ministerio Público respecto de este tipo de acciones.

La investigación de la Fiscalía persigue establecer si hubo o no irregularidades en la compra de terrenos en Machalí por parte de la empresa Caval, cuyo 50% es de propiedad de Compagnon.

De acuerdo a los primeros antecedentes que constan en la carpeta investigativa, la firma en cuestión habría adquirido los fundos apostando al cambio en el plan regulador que se efectuaría en el sector, el cual aumentaría considerablemente el valor de los terrenos.

Dichos paños fueron comprados a través de la entrega de un crédito por $6.500 millones otorgado por el Banco de Chile, aun cuando la empresa sólo contaba con un capital inicial de $6 millones.

Posterior a ello, fueron vendidos por $9.500 millones a la empresa Silca.