Cristián Rodríguez F.
La semana pasada el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del controvertido proyecto Cardones-Polpaico, que busca unir ambas subestaciones energéticas -ubicadas en Tiltil y Copiapó, respectivamente- a través de una carretera eléctrica con 1.700 torres de alta tensión y que atraviesa cuatro regiones del país.
La decisión del organismo ambiental se dio en medio de fuertes cuestionamientos que ha recibido el proyecto de "megatorres", especialmente por parte de los alcaldes de las comunas por donde pasaría el trazado eléctrico, quienes acusan una falta de participación ciudadana durante el actual proceso, y las escasas mitigaciones y compensaciones dadas a conocer por Interchile, filial de la colombiana ISA, empresa a cargo del proyecto.
A pocos días para que se emita la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que probablemente sea favorable al proyecto tras las recomendaciones formuladas por el SEA, la senadora por Amplitud, Lily Pérez, acusó al proyecto de estar "blindado" por el Gobierno, y no descartó ser la abanderada ante un escenario judicial que podría comenzar.
"Existe esa voluntad, tal como ha sido mi sello, cuando considero que hay argumentos serios y fundamentos jurídicos robustos para desvirtuar algún proyecto en sede judicial o administrativa, o en la instancia que corresponda", dijo.
- ¿Qué le parece que el SEA haya recomendado aprobar el EIA del proyecto Cardones-Polpaico, pese a los serios cuestionamientos ambientales y la falta de participación ciudadana que acusaron?
- Mi impresión es que la decisión del gobierno está tomada desde el primer día a favor de este proyecto. El gobierno actual de la Presidenta Bachelet no tiene ninguna voluntad política de buscar generaciones alternativas en materia de energía, porque existen alternativas. En el Norte Grande y en el Norte Chico se han buscado alternativas viables de energía que son no invasivas y que han entregado gran satisfacción a la población, en materia de energía. Nuevamente la Región de Valparaíso se transformará en una zona de sacrificio por culpa de un gobierno y una autoridad que no escucha ni empatiza con la comunidad. Es un tremendo error del actual gobierno.
- Se abre un escenario judicial que ya comenzó con las causas que están alojadas en los Tribunales Ambientales. ¿Podrían haber más procesos ? ¿Está dispuesta usted a llevar adelante una querella o recurso?
- Nuestro Ordenamiento Jurídico permite ejercer acciones de carácter judicial y administrativas cuando se infringen las normas vigentes. Por lo tanto, si existen antecedentes que permitan incoar dichas acciones, es plausible la apertura de nuevos procesos judiciales en el marco de los trazados y las líneas de transmisión del proyecto. La acción de protección procede cuando no se observan los derechos y garantías fundamentales en forma ilegal y arbitraria, por tanto, es factible en el caso concreto su presentación ya que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En este proyecto en particular tengo la convicción de que tenemos los elementos jurídicos y técnicos para ir a los Tribunales Ambientales o los que en derecho correspondan junto a la comunidad, los alcaldes y las demás autoridades competentes.
- ¿Cree que los parlamentarios y alcaldes de la zona, junto con las comunidades, puedan liderar un proceso jurídico social en contra del proyecto?
- Me parece que ese es el espíritu que nos inspira. Hoy somos David contra Goliat, ya que hay un contrato suscrito por el Estado que está siendo blindado jurídicamente por el gobierno para que el desarrollo del proyecto continúe su marcha. El desafío es coordinar los esfuerzos y trabajar en forma unida y metódica para obtener el resultado que todos queremos, es decir, generación de energía sustentable con los trazados adecuados y minimizando las externalidades negativas que todo proyecto de esta envergadura trae consigo.
- ¿Qué rol cree juega el gobierno en esta recomendación?
- Contradice todo lo que ha dicho nuestra comunidad, nuestros alcaldes, los concejales, nosotros mismos como parlamentarios, yo como senadora. Es inentendible tener una máxima autoridad en materia de energía, que no escucha y que no empatiza. Creo que esto es un tremendo error del actual gobierno y espero que la comunidad cada día tome más conciencia y se levante en contra de estas decisiones.
- ¿Cree que el proyecto podría paralizarse, entendiendo que la RCA probablemente les sea favorable?
- Lo veo muy difícil. Una vez teniendo la Resolución Ambiental favorable y con la aprobación del Comité de Ministros, que pertenecen al mismo gobierno que dio la firma para que esto se realizara, veo prácticamente imposible paralizar el proyecto, lamentablemente.
- ¿Cree que podría haber un estallido social en las regiones?
- Creo que sí. El malestar no es solo de la comunidad, sino de nosotros como parlamentarios, porque el Gobierno no ha querido dar su brazo a torcer y ha querido seguir adelante con una mala decisión. Por tanto, es probable que esto tome fuerza, existan marchas y se muestre el descontento social que existe por no tener una mayor comunicación entre la empresa y la comunidad.
"Tengo la convicción de que tenemos los elementos jurídicos y técnicos para ir a los Tribunales Ambientales junto a las comunidades y los alcaldes".
entrevista. lily pérez, senadora por Quinta Cordillera sobre "Megatorres":
