"Ahora los sostenedores deberán reinvertir hasta el último peso de recursos públicos en educación"
A pocos días de haber entrado en vigencia a nivel nacional, la Ley de Inclusión ha generado un manto de dudas en torno a sus nuevas condiciones, cuestionamientos que también manifestaron apoderados y sostenedores en la región de Valparaíso.
Reglas mucho más flexibles en la vestimenta y la conducta de los estudiantes, interrogantes sobre el dinero que deberán cancelar los apoderados a los establecimientos educacionales, y modificaciones en los argumentos que los sostenedores utilizan para cancelar la matrícula de un determinado alumno, son algunos de las interrogantes que el seremi de Educación de la región de Valparaíso, Alejandro Tapia, se encargó de aclarar.
"La Ley de Inclusión está referida principalmente a garantizar las condiciones financieras, para que a través de la reinserción total de los recursos públicos las escuelas puedan generar condiciones de calidad para la enseñanza, este es el foco de la Ley, la cual finalmente lo que hace es agregar mayores recursos por la vía del incremento de las subvenciones", precisó Tapia.
En este punto, el seremi explicó que anualmente se gastan $350 mil millones a nivel regional en educación, monto que gracias a la puesta en marcha de la Ley de Inclusión, aumentará en un 12%.
- ¿Cuáles serán los principales cambios que se ejecutará a raíz de la nueva Ley de Inclusión en la región de Valparaíso?
- El mayor cambio que se ejecutará tiene relación con la aparición de una mayor disponibilidad de recursos para financiar la mantención de los establecimientos, la contratación o el reforzamiento de la intervención pedagógica, y para insumos. Esos son los principales efectos que se tienen que ver, porque se ha hablado mucho del corte de pelo, de la disciplina, y la verdad es que la Ley modifica muy pequeños aspectos en ese sentido.
- ¿Cómo cuáles?
- Que por ejemplo no se puede expulsar a los niños o suspender su matrícula si los padres cambian su condición matrimonial, o si cesan en el pago de las mensualidades en los colegios particulares privados, esos son los aspectos que modifica la Ley, porque todo lo relacionado con el corte de pelo y el uniforme está consagrado hace años en la legislación vigente, solo que por alguna razón algunas comunidades educativas se han olvidado que eso ya existía con antelación, así que las escuelas van a cambiar muy poco en relación a las conductas y la disciplina.
- Entonces, ¿se respetarán los acuerdos internos de cada establecimiento educacional?
- Quienes han intentado levantar esta imagen de un colegio que ya no va a tener reglas, en realidad están preocupados en desacreditar la Ley, porque precisamente esta cambia las condiciones mediante la cual los sostenedores hacen uso de los recursos. En este sentido, todos los colegios a esta altura tienen establecidos sus reglamentos y los apoderados cuando matriculan a los alumnos lo conocen. Más bien lo que la Ley recuerda a los sostenedores es que la decisión arbitraria no es parte de un acto pedagógico, entonces, ahora un alumno por una razón de carácter personal no puede ser expulsado, ya sea por un cambio en su condición económica o social, cuestión que antes sí se podía.
- ¿Cuáles serán las principales diferencias entre los establecimientos que se acogieron a la gratuidad, y los que seguirán bajo el sistema de copago?
- En los colegios que se acogieron a la gratuidad, los apoderados dejarán de pagar inclusive la matrícula, teniendo una educación gratuita y financiada por el Estado, y por ejemplo, ese establecimiento no puede pedir a los niños que lleven útiles de aseo. En el caso de los particulares subvencionados con copago, ese tipo de establecimiento va a seguir cobrando mensualidades, y lo que va a ocurrir es que esa mensualidad van a ir bajando en la medida en los aportes del Estado vayan subiendo, y es por eso que los apoderados tienen que tener claro en qué tipo de establecimiento van a matricular a sus hijos.
- ¿Cómo se va a fiscalizar el correcto funcionamiento de la Ley de Inclusión en la región de Valparaíso?
- La Ley contempla la figura de la rendición de cuentas o auditoria, entonces el uso de los recursos con fines educativos van a ser auditados, y más importante aún, tienen que estar de acuerdo a lo que los proyectos educativos declaran. En definitiva, la Ley lo que hace es abrir la puerta para que los proyectos educativos comiencen a funcionar, los cuales se definen por las comunidades educativas en torno a las normas, las reglas y los énfasis, y en lo pedagógico define las actividades que van a priorizar, y por lo tanto, esas priorizaciones tienen un presupuesto adosado, y ahora los sostenedores deberán invertir hasta el último peso de recursos público en educación.
"En los colegios que se acogieron a la gratuidad, los apoderados dejarán de pagar inclusive la matrícula, teniendo una educación gratuita y financiada por el Estado" "Todos los colegios a esta altura tienen establecidos sus reglamentos, y la Ley recuerda a los sostenedores que la decisión arbitraria no es parte de un acto pedagógico"