Judicial Más de 300 afectados anunciaron la semana pasada una querella colectiva en contra de AC Inversions.
Civil Las víctimas de la estafa piramidal podrían declararse en quiebra debido a la dificultad de pagar los créditos.
Legislativa La Cámara Baja aprobó la creación de una comisión investigadora para analizar este y otros casos de estafa.
Los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), junto con el superintendente de Insolvencia, Andrés Penycook, se reunieron ayer con alrededor de 200 víctimas de la presunta estafa de AC Inversions. La cita tuvo por objetivo evaluar futuros planes de acción y buscar soluciones para este caso.
La semana anterior, un grupo de 300 personas anunció la primera querella en contra de la empresa, con la que exigirán compensaciones e indemnizaciones y determinar el destino de los $ 52 mil millones que manejaba AC Inversions.
A esto se suma la comisión investigadora que se abrió en la Cámara de Diputados y que tendrá 90 días de plazo para indagar en este y otros supuestos fraudes de otras empresas como IM Forex e Investing Capital.
La acción civil que se está evaluando es que las víctimas se declaren en quiebra, en consideración a los créditos que han adquirido y las dificultades que tendrían para pagar.
En cuanto a la vía legal, los abogados Mario Zumelzu y Carolina Contreras son los patrocinantes de la querella colectiva, en la que participan al menos 380 víctimas del caso. En otra acción judicial se unirán los afectados que aún evalúan esta instancia.
"Primero vamos a presentar una querella para meternos en la causa penal. Por ser parte de esta ya tenemos una denuncia, pero una querella nos da más facilidades para poder hacerlo, pedir copia de la carpeta investigativa y ver cuánta gente hay", indicó Contreras.
"Para hacer eso tenemos que juntar todavía los mandatos que los tenemos en nuestro poder. Posteriormente vamos a iniciar una acción civil dentro del mismo proceso penal. Tenemos por delante todavía seis meses, hay mucho plazo todavía para hacer la demanda civil", añadió la abogada.
El diputado Daniel Farcas (PPD) aseguró que "estas querellas obviamente tienen un efecto penal, que luego tendrá un efecto civil".
"Nosotros seguimos haciendo un llamado a la ciudadanía a que concurra como lo ha hecho a las sedes parlamentarias, a la Superintendencia de Bancos, a la PDI, a hacer la denuncia acerca de otras empresas similares que lamentablemente siguen operando", añadió el parlamentario.
Respecto de las labores que tendrá la comisión investigadora de la Cámara, el diputado Gabriel Silber (DC), miembro de esta instancia, señaló que se citará a instituciones estatales para determinar responsabilidades en el caso de estafa.
"Nosotros como parlamentarios entendimos el día uno la necesidad de esta comisión investigadora. Vamos a emplazar a aquellas autoridades que al parecer no hicieron su tarea de vigilancia y fiscalización en esta materia", subrayó el legislador.
"Queremos acreditar que haya, en primer lugar, falta de servicio, vale decir, que hayan denuncias que llegaron a tiempo y que durmieron el sueño de los justos en algún escritorio o cajón de algún funcionario público y en base a estos antecedentes queremos evaluar alguna responsabilidad civil de alguna institución o autoridad frente al escándalo de AC Inversions", agregó.
A propósito de los afectados por AC Inversions pertenecientes al Ejército y al denominado caso "Milicogate", la fiscal Ximena Chong aseguró el viernes que se investigará un presunto vínculo entre ambas causas para corroborar o descartar un lavado de activos.
La ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual, solicitó un informe al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, con el fin de explicar el actuar que tuvo Carabineros en la manifestación que la tarde del viernes realizó un grupo frente a La Moneda. La protesta, encabezada por la Red de Violencia contra la Mujer, fue disuadida por la policía uniformada.
Nueve mujeres y tres hombres resultaron detenidos y la agrupación acusó agresiones físicas, verbales e incluso sexuales por parte de Carabineros.
Durante la apertura de un nuevo Centro de la Mujer en la comuna de Providencia, la ministra Pascual señaló que "nuestra preocupación y, por supuesto, rechazo a las actitudes de violencia que pudieron haber sufrido las mujeres, precisamente, por pedir menos violencia. En ese sentido, pedimos un informe, nos reunimos con el subsecretario Aleuy y estamos a la espera de que lo reporten".
Previamente, la cartera había expresado en un comunicado su "rechazo a todo tipo de acción violenta que haya vulnerado a mujeres que pretendían visibilizar, precisamente, la violencia contra las mujeres en nuestro país".
En tanto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, condenó el actuar de Carabineros y afirmó que "la autoridad debe dar explicaciones de por qué habiendo una manifestación pacífica, siendo el número de personas cuantificable, no habiendo ninguna señal que pudiera permitir pensar siquiera que desembocaría en actos violentos contra terceros, Carabineros actuó con tal descriterio y desproporcionalidad".