Ministro de Justicia retirará a policías del caso Petrobras si hay filtraciones
BRASIL. Esto a raíz de la conversación telefónica entre Rousseff y Lula da Silva que fue divulgada. El Tribunal Supremo, en tanto, suspendió el nombramiento del ex Mandatario como ministro.
El ministro de Justicia de Brasil, Eugênio Aragão, afirmó en una entrevista publicada ayer por el diario Folha de São Paulo, que retirará de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras a los policías que trabajan en él si ocurren nuevas filtraciones a la prensa.
El ministro dijo que para apartar a los policías no necesita tener pruebas y le sobra con que "huela a filtración" por parte de un agente.
"Si huele a filtración de investigación por un agente nuestro, el equipo entero será sustituido. No necesito tener pruebas. La Policía Federal está bajo nuestra supervisión", dijo la autoridad del Gobierno brasileño que fue nombrado el pasado lunes por la Presidenta de ese país, Dilma Rousseff.
La propia Rousseff ha acusado anteriormente "filtraciones selectivas", puesto que considera que sólo se dan a conocer detalles de las investigaciones que afectan a los políticos oficialistas y nunca a los de la oposición.
En la entrevista, Aragão aseguró que "de ningún modo" pretende obstaculizar las investigaciones del caso Petrobras y aseguró que no tiene "esa prerrogativa".
No obstante, consideró que "no se puede tolerar" que haya "filtraciones selectivas" porque contribuyen a "politizar" el proceso judicial.
Esto luego de que esta semana se filtrara una conversación telefónica que Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo con Rousseff, que fue interceptada y divulgada con autorización de Moro.
En ella la Mandataria le avisaba al ex Presidente que le envía un acta de ministro para firmar "en caso de necesidad", lo que es interpretado como una maniobra para evitar una posible orden de prisión, lo que fue negado por el Gobierno, que argumentó que en realidad era una medida burocrática en caso de que Lula no pudiera asistir a la toma de posesión del cargo.
Uno de los investigados en el escándalo de corrupción es el ex Presidente brasileño Lula da Silva, quien ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación, por un caso relacionado con constructoras investigadas en la causa de corrupción.
El ex Mandatario había sido nombrado como ministro de la Casa Civil el viernes por la Presidenta Rousseff, designación que fue suspendida sólo horas después por el juez Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y determinó el envío de las acciones que lo involucran con los ilícitos en Petrobras al despacho del Juez Sérgio Moro, quien dirige los procesos del caso.
La noticia se supo sólo media hora después de que Lula hablara en una manifestación que congregó a decenas de miles de adherentes que salieron a las calles la noche del viernes en São Paulo.
Mendes acogió una acción interpuesta por los opositores al Partido de los Trabajadores (PT), el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Partido Popular Socialista (PPS).
Ambas agrupaciones pidieron la suspensión del nombramiento por considerar que el objetivo fue, precisamente, que los procesos que enfrenta el ex presidente pasaran a la Corte Suprema y salieran de la jurisdicción de Moro, que es un juez federal de primera instancia.
Al ser investido como ministro, obtiene el privilegio de los fueros, con lo cual todas las acciones en su contra, que estaban en manos de Moro, pueden ser analizadas solamente por el Supremo.
Según argumentó Mendes, la investidura es "una forma de obstruir el progreso de las medidas judiciales".
Antecedentes de la investigación
En los dos años la Justicia ha aplicado 93 condenas, entre ellas a importantes empresarios y a políticos. En la jurisdicción del Tribunal Supremo se han abierto investigaciones contra 94 políticos protegidos por fuero, que son sospechosos de permitir o beneficiarse de los desvíos de dinero. Petrobras ha reconocido que la corrupción generó pérdidas de US$2 mil millones en la última década, aunque la causa de investigación se ha extendido ya más allá del entorno de la petrolera, por lo que las autoridades no han calculado la dimensión de los fraudes.
29 de marzo será la fecha en que recién volverá a reunirse el Tribunal Supremo por Semana Santa.
93 condenas ha aplicado la Justicia brasileña desde que comenzó la investigación, hace dos años.