Postergan audiencia de desafuero del diputado Urízar en Corte de Apelaciones
JUDICIAL. Alegatos en arista del caso Fraude a la Intendencia 2 fueron reprogramados para el próximo 13 de abril.
El retraso en la notificación al diputado PS por el Distrito N° 10, Christian Urízar (PS), respecto a la solicitud de desafuero en su contra, obligó a reprogramar los alegatos en los que participará el Ministerio Público y la defensa del parlamentario. La audiencia quedó finalmente fijada para el próximo 13 de abril, a las 10.30 horas, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Urízar está formalizado por el delito de fraude al fisco por un monto superior a los $60 millones, debido a su presunta responsabilidad en el desvío de fondos para campañas políticas y la sobrevaloración de precios a través de la adjudicación de proyectos concursables con cargo al 6% del FNDR, en las áreas de cultura y deportes. Los ilícitos se habrían cometido en el periodo 2011-2013, durante el cual el parlamentario cumplía labores como consejero regional (core).
En dicha audiencia, los 15 ministros del tribunal de alzada escucharán los alegatos de la Fiscalía y del CDE, que solicitarán se dé a lugar el desafuero, tras lo cual será el turno de la defensa del legislador.
La solicitud de desafuero fue presentada en febrero pasado por la Fiscalía de Valparaíso y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se hizo parte en la querella contra Urízar y otros tres imputados en calidad de cómplices, quienes habrían actuado en concomitancia para elaborar los proyectos y presentarlos a organizaciones sociales afines al partido de Urízar, quien aprovechaba su cargo como core para asignarle fondos del Gobierno Regional.
Difícil escenario
Tanto el ente persecutor como la defensa tienen la instancia de apelar ante la Corte Suprema, en caso de no quedar conformes con el fallo del tribunal de alzada.
De ser desfavorable el proceso de desafuero para Urízar, el diputado deberá enfrentar un juicio oral donde se expone a penas de hasta 5 años y 1 día de presidio efectivo, una multa por el 50% de lo defraudado y prohibición de ejercer cargos públicos por un año, según adelantó la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional, que investiga el caso desde hace dos años, en una de las aristas del denominado Fraude a la Intendencia 2.
El diputado ha criticado públicamente el accionar de Fiscalía y desacreditado todos los hechos que son objeto de la investigación en su contra.
Proyectos con cargo al 6% del FNDR
La investigación se centra en dos aristas. La primera relacionada con los proyectos aprobados para realizar actividades en el centro de eventos "Doña Anita", de Olmué. Según la Fiscalía, Urízar habría coordinado la aprobación de diez proyectos, por un total de 117 millones 800 mil pesos, mientras se desempeñaba como consejero regional, entre los años 2011 y 2013.