Dictamen de Contraloría obliga a someter al SEIA la intervención de bienes patrimoniales
REGIÓN. La resolución sienta jurisprudencia respecto a que cualquier modificación que cause impacto en áreas bajo protección oficial, deberá tramitarse una evaluación ambiental.
Un dictamen de la Contraloría General de la República y remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), podría generar importantes consecuencias con respecto a las intervenciones o modificaciones que se realicen en zonas o inmuebles que se encuentren bajo la categoría de valor patrimonial.
A través del Dictamen 4.000, emitido en enero de este año, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que los inmuebles de conservación histórica y los monumentos históricos están comprendidos en el concepto de "área sometida a protección oficial", y que por tanto, las intervenciones que le causan un impacto deben ser sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de forma previa.
Respecto a los alcances de esta resolución, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, detalló que "el Dictamen 4.000 lo que hace es considerar que tanto los inmuebles de conservación histórica como los monumentos históricos sean considerados sitios sometidos a protección oficial. La implicancia de ello es que cuando se realiza una intervención mayor en ese tipo de inmuebles, que forman parte del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".
En tal sentido, Bermúdez aclaró que "si una empresa inmobiliaria quiere demoler un inmueble de conservación histórica o hacer una intervención mayor, por ejemplo quitarle un piso a un inmueble de conservación histórica o a un monumento nacional, debe someterse previamente al SEIA".
El abogado y experto en derecho Administrativo recalcó que esta opinión jurídica sobre la interpretación o aplicación de una norma, está pensada, sobre todo, para las "intervenciones mayores" que se pretendan realizar a inmuebles que tienen una protección oficial.
Esta interpretación jurídica de la legislación vigente y que sienta "jurisprudencia administrativa" por parte del órgano contralor, está orientada respecto de aquellas intervenciones que significan que "ese inmueble prácticamente deja de existir o corre un riesgo", puntualizó el contralor general, durante una actividad realizada en Valparaíso.
Bermúdez enfatizó que la disposición viene a regular el alcance que se ha dado a la expresión "áreas colocadas bajo protección oficial", contenida en el artículo 10 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Tal situación atendiendo la incidencia de ese criterio en los proyectos a realizarse en áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, definidas y reconocidas en los instrumentos de planificación territorial.
Consultado por el caso del Mercado Puerto, que será sometido a obras de restauración por $ 4.500 millones, el contralor subrayó que "en este caso no existe un impacto o alteración significativa en términos negativos, sino que es una mejora y va a impactar positivamente en ese inmueble y lo va a poner en valor".
La Comisión de Patrimonio del Consejo Regional tuvo una sesión especial para analizar las dudas surgidas por la interpretación del Dictamen 4.000 de Contraloría. El presidente de la comisión, Manuel Millones, detalló que al haber aprobado diversos proyectos por medio de la glosa de Puesta en valor al Patrimonio, "quisimos ver si este dictamen los afecta y, por ende, significa un retraso en la ejecución de las obras. En especial hablamos del Mercado Puerto, Museo del Grabado en el cerro Alegre -proyecto impulsado por la Universidad de Playa Ancha por $ 1.700 millones-, Iglesia de Petorca, Iglesia San Francisco, Los 12 Apóstoles, etc.".
Tras una reunión con el contralor general de la República, Millones sostuvo que "hemos despejado la operatividad del Dictamen 4.000, que establece la obligatoriedad de realizar estudios ambientales en zonas con valor patrimonial y lo claro es que siempre que una intervención sea en positivo, es decir que le dé valor o apunte a su preservación y mejoramiento como tal, al bien o sector con protección, no se requiere dicho estudio. Esto nos da mucha tranquilidad como Consejo Regional. Con esta información vamos a realizar un seminario para los municipios y unidades técnicas que intervienen en este tipo de proyectos".
No obstante, también quedó claro que "toda intervención en negativo, es decir que altere o afecte el bien protegido, entonces debe contar con el estudio de impacto ambiental" correspondiente.
Según la apreciación del consejero Millones, en este caso debiese estar al Mall Barón, "el cual afecta una zona y una edificación patrimonial, como es la Bodega Simón Bolívar y el sector de los vestigios. Ahora bien, será el SEA quien determine la pertinencia ambiental de cada caso".
Para el consejero tras más de dos meses de incertidumbre con respecto a los alcances de la interpretación jurídica del Contralor, que se transforma en "jurisprudencia administrativa" en futuras resoluciones con respecto a inmuebles o zonas de interés patrimonial, este dictamen "viene a precisar las normas ambientales vigentes y, por cierto, que puede implicar alguna incertidumbre en las inversiones públicas y privadas, sin embargo la norma va en la línea correcta de la preservación y se verá cada caso en particular. Ahora, si hay proyectos aprobados y no ejecutados o en fase de ejecución, y las normas ambientales han cambiado, estos proyectos deben adecuarse al dictamen, lo que implica contar con el estudio ambiental".
Millones insistió que, respecto a situación patrimonial en Valparaíso, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deberá indicar si el Mall Barón tiene que contar con un estudio ambiental. "Algo que yo comparto para despejar si esa afectación altera en su esencia el bien protegido", argumentó el core.
"Si una empresa quiere demoler un inmueble de conservación histórica o hacer una intervención mayor, deben someterse al SEIA"
Jorge Bermúdez, Contralor General
"Viene a precisar las normas ambientales vigentes y, por cierto, que puede implicar alguna incertidumbre en las inversiones públicas y privadas, sin embargo la norma va en la línea correcta"
Manuel Millones, Consejero presidente de, Comisión Patrimonial
Disposición unifica criterios legales
El contundente dictamen emitido por la Contraloría General de la República también unifica los criterios que se puedan tener respecto a la interpretación de las normativas comprendidas en los cuerpos legales como la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, La Ley General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), de la misma cartera, que contemplan disposiciones vinculadas a la protección de los recursos de valor natural y patrimonial.