"Cómo van a negociar con el dolor de tanta gente, el dolor de un país entero; no puede ser"
La angustia es imborrable para las familias que vivieron el tsunami del 27 de febrero de 2010 en la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández. No sintieron el terremoto de magnitud 8,8 que sacudió la zona centro - sur de Chile, pero vivieron con terror el arribo de un tren de olas que alcanzó por momentos los 15 metros de altura. Diez personas murieron en el archipiélago esa madrugada.
Pocos días después, los familiares de seis de esas víctimas contactaron al abogado Víctor Montes, a quien le encargaron iniciar todas las acciones necesarias para encontrar responsables de tamaña tragedia. El 26 de marzo del 2010, el profesional porteño presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra quienes resulten responsables de la falta de alerta y auxilio.
"Deberían haber estado preparados, ya que son servicios de emergencia y no cumplieron; por ende se les acusa por cuasi delito de homicidio, ya que se estima que esa es la figura en la cual ellos incurrieron en delito", indicó el representante de las familias.
La causa fue abierta por el exfiscal nacional Sabas Chahuán, el 16 de marzo de 2010, la continuó la fiscal Solange Huerta y hoy se encuentra a cargo del nuevo fiscal regional, José Luis Pérez, quien anunció un polémico acuerdo con los imputados en la investigación por la fallida alerta de tsunami.
Este acuerdo entre la Fiscalía y los imputados del caso -Patricio Rosende, Carmen Fernández, Johaziel Jamett, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina- para poner término a los seis años de investigación con la suspensión condicional del denominado caso Tsunami ha generado rechazo. Aunque estaba previsto que quedara zanjado el lunes 14 de marzo, la falta de notificación a todas las partes determinó que el trámite quedara postergado hasta hoy lunes.
Cabe destacar que ante el malestar de las familias, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago informó que antes de decidir si se suspende o no la investigación, se escuchará el mismo día el testimonio de todos los familiares de las víctimas por orden alfabético y agrupados por áreas geográficas.
-¿Qué opina de la decisión que adoptó el tribunal?
- Resulta aberrante que luego de cinco años de investigación aparezca un nuevo fiscal regional de Santiago y menos de 30 días después de su designación, acuerde a espaldas de las víctimas y los abogados querellantes, una negociación, como él lo llama, "un juicio negociado", en el sentido de acordar esta salida alternativa que es la suspensión condicional del procedimiento.
- ¿Qué significa la suspensión condicional del procedimiento?
- Es una institución que contempla el nuevo procedimiento penal que implementa la suspensión de la investigación. Se espera un año y pasado ese plazo se sobresee definitivamente a las personas, quienes quedan, desde el punto de vista legal, como si nunca hubiesen cometido un delito y como si nunca hubiesen estado formalizadas o sometidas a proceso alguno.
- ¿Cuál es su objetivo a diferencia de lo que pide el Ministerio Público?
- En un principio nosotros éramos, prácticamente, un equipo común entre los abogados querellantes y el Ministerio Público. Cuando estuvo a cargo de la investigación la fiscal Solange Huerta, ella era absolutamente partidaria de llegar a condena, ya sea por la vía de juicio abreviado o llegar al juicio oral. Se le planteó en varias oportunidades, a través de los abogados defensores, la posibilidad de una salida alternativa y ella siempre la rechazó, porque estimaba que una condena sería una especie de ejemplo para que no volviera a ocurrir este tipo de desastre administrativo que condenó a 105 chilenos, muchos de ellos provenientes del archipiélago de Juan Fernández.
- ¿Qué es lo que realmente ocurrió en Juan Fernández?
- Allá no se sintió el sismo, tal es así que mucha gente recibió llamadas de sus familiares desde el continente que les decían "mira, ocurrió un terrible terremoto en Valparaíso, es posible que haya un maremoto". Otros confiaron en las palabras de los funcionarios de la Armada, quienes decían "estamos aquí con los marinos y ellos dicen que no pasa nada". Esa información, que era absolutamente errónea, fue la que terminó con la vida de un centenar de personas.
- ¿Cree que las entidades de Juan Fernández estaban enteradas del tsunami y simplemente no hicieron nada al respecto?
- Yo tengo declaraciones. En la carpeta investigativa de la PDI hay marinos que declararon que simplemente no se les ocurrió apretar el botón de la alarma de tsunami, que un tiempo antes se había inaugurado con bombos y platillos para justamente alertar a la población en caso de alguna catástrofe, y simplemente uno declara que no se le ocurrió y lo único que hizo fue arrancar por su propia vida. No hubo ningún fallecido de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Armada, simplemente arrancaron, eso es grave.
- ¿Cree que la Fiscalía ha hecho un buen trabajo?
- Bueno, mientras estuvo a cargo de la investigación la fiscal Huerta, se hizo un trabajo extraordinario, se entrevistó a más de 600 testigos, hubo una inversión de más de 300 millones de pesos que hoy se botan al agua. Hoy estoy desencantado de que se pida esta "salida alternativa" que a los únicos que beneficia es a los causantes de la tragedia, y en nada a los familiares de las víctimas. Espero que la justicia definitivamente actúe y se rechace esa resolución. El nuevo fiscal dice que esto es una justicia negociada, pero cómo van a negociar con el dolor de tanta gente, el dolor de un país entero, no puede ser.
- ¿Qué opina de la gestión de la Presidenta Bachelet?
- Yo voté por ella, pero ha sido un desastre, realmente creo que no corresponde la actitud que ha tenido en este caso. Ella fue partícipe, llegó a la Onemi, estuvo al mando de este sistema de protección, como máxima autoridad, tomó las riendas y sabe todo lo que ocurrió, sabe todo los errores, las deficiencias, las omisiones, y debería haber tenido participación más activa.
- ¿Qué medidas van a tomar?
- Con todos los abogados querellantes nos vamos a oponer a la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Este no es un cuasi delito cualquiera, es de connotación nacional y casi internacional. Si rechazan nuestros argumentos tendremos que interponer, en este caso, una resolución apelable ante la Corte de Apelaciones, y si en ésta nos va mal tendremos que irnos con otro recurso ante la Suprema, y no descartamos la posibilidad de, incluso, irnos a tribunales internacionales, porque esto es una violación a los Derechos Humanos de los familiares de las víctimas.
- ¿Qué cree que ocurrirá en la audiencia donde se oirá a todos los familiares?
- No creo que con el poco tiempo que ha transcurrido se haya notificado a las 16 personas que no tienen representación legal. Estimo que lo más seguro que ocurra será nuevamente la suspensión de la audiencia, por el hecho de que no estén todos notificados. Ahí va a haber un gran problema, yo creo que se va a tener que suspender, y por ende no se va a poder escuchar la voz de toda esta gente.
"Deberían haber estado preparados, ya que son servicios de emergencia y no cumplieron, por ende se les acusa por cuasi delito de homicidio"
"Resulta aberrante que después de cinco años de investigación, aparezca un nuevo fiscal que acuerde a espaldas de las víctimas y los abogados querellantes, una negociación, como él lo llama, 'un juicio negociado"