Alivio previsional y calidad docente
La solución a la deuda impositiva del magisterio debe proyectarse hacia la calidad de la educación. Con un importante aporte público que favorece a 38 comunas de la región, no sólo quedará resuelto el tema previsional, sino que también habrá recursos para perfeccionamiento del profesorado y mejoramiento físico de planteles.
Los profesores han sufrido a través del tiempo maltrato económico y social. Es una realidad de nuestra historia educacional, lo que, triste consuelo, se repite en muchos países del mundo.
Uno de los aspectos concretos de esta realidad, que se presenta en diversas comunas del país, se refiere a deudas previsionales que afectan a gran cantidad de docentes que laboran en la educación pública. Así, la desmedrada situación de los responsables de la formación de las nuevas generaciones no sólo se refiere a sueldos, sino que también a las cotizaciones que, en teoría, les deberían asegurar jubilación digna.
Esta deuda ha sido especialmente grave en la región, con casos críticos en comunas como Valparaíso, donde el tema se judicializo rebotando en sanciones contra el gerente de la Corporación Municipal de Educación.
Sin embargo, en este negro panorama aparece una luz de esperanza con la entrega de $ 25.780 millones por parte del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) destinados a resolver diversos problemas del sector, especialmente las altas deudas previsionales. En Valparaíso, con $ 1.700 millones, quedará cubierta la mora impositiva que afecta a 1.623 maestros. En toda la región el aporte lleva tranquilidad previsional a más de 10.000 docentes.
Con el importante aporte señalado, que favorece a 38 comunas de la región, no sólo quedará resuelto el tema previsional, sino que también habrá recursos para perfeccionamiento del magisterio y mejoramiento físico de planteles y equipos.
Desde el punto de vista del proceso educativo general, la asignación de estos recursos es de toda justicia y viene a resolver un problema que nunca debió existir. Se puede culpar de ello, en una primera instancia, a la gestión municipal, sostenedora de la educación pública. Sin embargo, el Estado no puso en marcha oportunamente mecanismos que evitaran esa grave, prolongada, conocida y previsible situación.
El término de la incertidumbre previsional, por un lado, y el paulatino mejoramiento de los ingresos docentes junto al mejoramiento de sus condiciones de trabajo, abren una nueva etapa para la educación pública que debería reflejarse en calidad en beneficio de los estudiantes, en mayor interés por la carrera docente y, por cierto, en una calificación objetiva de los maestros que asegure su eficiencia.