Fiscalía prepara acusación por millonaria estafa en Viña del Mar
DEFRAUDACIÓN. Juzgado de Garantía accedió a cerrar la investigación por estafa de venta de departamentos "brujos", delito que afectó a 60 personas por un monto sobre los mil millones.
Después de más de un año de indagación, la Fiscalía logró cerrar la investigación por la venta fraudulenta de departamentos en Viña del Mar, caso de estafa reiterada y defraudación que afectó a un total de 60 personas, por un monto superior a los mil millones de pesos.
Ahora, el Ministerio Público - específicamente la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso - trabaja en preparar la acusación contra los cuatro imputados en la causa, para lo cual el organismo persecutor tiene un plazo de 10 días, fijados por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
El primer implicado en el hecho, en calidad de autor, es el exfuncionario del Departamento de Abastecimiento de la Municipalidad de Viña del Mar, Sebastián Andrés Rojas Salas, quien se encuentra en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Quillota, por ser considerado un peligro para la sociedad.
Salas, según ha dado cuenta en la investigación la Fiscalía, se valía de su rol de funcionario para engañar a las víctimas, a las que prometió departamentos a bajo costo por tener información privilegiada del Departamento de Obras. Sin embargo, los inmuebles nunca estuvieron a su disposición y recibió millonarias sumas de dinero en su cuenta corriente sin hacer efectiva nunca la entrega de una unidad.
La acción de engaño de Rojas Salas, según los datos de la investigación, era reforzada con la participación de la exfuncionaria municipal Polonia Contreras Gacítua, quien respaldaba el actuar de Salas, y la Fiscalía logró comprobar su participación en 6 casos, por lo cuales está formalizada en calidad de autora, aunque se encuentra en libertad bajo fianza, tras pagar en efectivo la multa de $ 10 millones impuesta por el Tribunal de Viña del Mar.
El tercer implicado en el hecho, en calidad de autor, es Patricio Medina Valderrama, quien al igual que Salas se encuentra privado de libertad tras ser comprobada su participación en la megaestafa.
En la investigación se comprobó que Medina, actor transformista, se hacía pasar por abogado en la Notaría Veloso, donde en compañía de Rojas Salas reforzaban el engaño y facilitaba la firma de las víctimas de una supuesta escritura de compraventa de los departamentos, que eran mostrados a los potenciales clientes por fuera sin ser visitadas las propiedades de manera formal.
La última formalización realizada por el Ministerio Público en el caso correspondió a la de la funcionaria de la Notaría Veloso, Benigna Castro Tapia, en calidad de cómplice, por prestar timbraje del lugar para dar autenticidad a la supuesta escritura de compra - venta.
En su oportunidad, el fiscal Claudio Rebeco afirmó a este Diario que "el factor jurídico que más le perjudica (a Rojas Salas) es la reiteración de delitos, de acuerdo a nuestra legislación es posible incrementar la pena en uno o dos grados. Nuestra pretensión de pena es aumentarla en dos grados por el número de casos involucrados. Eso significaría el orden de una privación de pena de 10 años de libertad".
El cierre de la investigación por estafa reiterada directa y la defraudación a través de subsidios fue bien acogida por los abogados querellantes de la causa, quienes esperan la acusación por parte de la Fiscalía.El abogado querellante, Ramón Ibáñez, quien representa a 18 personas defraudadas, aseveró que "este es el final de un largo proceso, porque fue más de un año de investigación para la unidad de delitos económicos de la Fiscalía, toda vez que se iban sumando nuevas querellas y denuncias en contra del imputado Rojas Salas, incluso por el otorgamiento de facturas falsas y uso malicioso de instrumento privado mercantil".
Respecto al proceso, Ibáñez precisó que "nosotros lo que esperamos es una pena alta, porque acá los delitos están claros, hay una reiteración de delitos económicos de la misma especie sin importar al imputado las capacidades económicas de las víctimas, eso es lo que más llama la atención. Rojas Salas privó a las familias del sueño básico de tener la casa propia arrebatándoles de manera clandestina y maliciosa los recursos. Esta parte va a solicitar al tribunal una pena en conformidad al mal causado, que parte de 10 años y un día a los 15 años y un día, sin perjuicio de la agravante de ser funcionario público y la reiteración de delito".
La pena sobre los 10 años, confirmó el querellante, será solicitada sólo para Rojas Salas mientras que para el resto de los imputados se espera la acusación que formulará el Ministerio Público.
"Tenemos la oportunidad de adherirnos a la acusación o generar una particular si se presentan otros delitos, sin perjuicio de aquello las partes querellantes tienen la facultad de deducir demanda civil de indemnización de perjuicios y lo haremos", aclaró Ibáñez.
En la audiencia de cierre de investigación, la Fiscalía determinó separar la arista de estafa, de aquella por uso malicioso de instrumento mercantil y la utilización de facturas de la Municipalidad de Viña del Mar, puesto que en febrero de este año el persecutor comprobó que Rojas Salas habría utilizado documentos bancarios adulterados e incluso el timbraje municipal.
"La investigación que tiene que ver con la falsificación de las facturas se separó de la estafa de los departamentos y se crearon dos investigaciones distintas. Una cosa es la estafa que se está investigando con los querellantes y nosotros habríamos quedado solos en la causa de la falsificación de las facturas", aclaró el director jurídico de la Municipalidad de Viña del Mar, Mario Araya.
Cabe recordar que la causa de falsificación de las facturas surgió por el cobro de un factoring a la Municipalidad de Viña del Mar por $17 millones, servicios que nunca fueron requeridos por la entidad. Ante esto, el municipio presentó una querella y se hizo partícipe de la causa, porque en total presume que serían 6 los documentos que están circulando los que podrían causar un perjuicio al municipio de casi $ 80 millones.
Sin embargo, aclaró Araya que "hasta ahora no tenemos ninguna factura en cobranza judicial, solamente una que se mantiene y están en curso las investigaciones correspondientes, no se ha cobrado otra factura y hasta el momento no hay dineros municipales en juego aquí. Si estafaron a alguien puede haber sido en algún factoring que pretende cobrarnos a nosotros".
Juicio oral y acciones de las víctimas
De acuerdo a lo informado por los abogados querellantes de la causa, una vez que el Ministerio Público formule las acusaciones en contra de los cuatro imputados de la causa, el Tribunal citará a las partes a la audiencia de preparación del juicio oral. Paralelo a este proceso, Ibáñez aclaró que las víctimas aún tienen tiempo de presentar las querellas correspondientes, puesto que muchos de los estafados no han hecho la tramitación y además pueden presentar las demandas civiles correspondientes por indemnización de perjuicios, ante los montos millonarios perdidos, entregados a Rojas Salas o los otros imputados, para la compra de un departamento.
"Rojas Salas privó a las familias del sueño básico de tener la casa propia arrebatándoles de manera clandestina los recursos. Vamos a solicitar una pena en conformidad al mal causado".
Ramón Ibáñez, Abogado querellante
"La investigación que tiene que ver con la falsificación de las facturas se separó de la estafa de los departamentos y se crearon dos investigaciones distintas".
Mario Araya Director Jurídico de Viña del Mar