Alexis Paredes R.

El exadministrador del Edificio de la Intendencia Regional, Drago Marín Contreras (53 años), deberá cumplir una pena de arresto domiciliario nocturno durante tres años, tras ser condenado en juicio abreviado por delitos tributarios reiterados y apropiación indebida de una parte de los gastos comunes, que recibió durante 5 años por intermedio de los más de 20 servicios públicos que ocupan las instalaciones del Gobierno Regional. La investigación realizada por la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) del Ministerio Público, dio cuenta que el condenado ocasionó un perjuicio al fisco por casi $ 71 millones de pesos por concepto de evasión de impuestos y se apropió de forma fraudulenta de $ 73 millones, dineros fiscales destinados por la comunidad del edificio Esmeralda para financiar los servicios básicos para el funcionamiento del principal recinto estatal de la región.

En la audiencia de procedimiento abreviado, junto al Ministerio Público estuvieron presentes abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), como querellantes en la causa.

Tras escuchar los antecedentes en su contra, la magistrado Sylvia Quintana condenó a Marín por los delitos tributarios a una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, además del pago de una multa de 779 UTM ($ 35 millones). En tanto por el delito de apropiación indebida, cometido entre diciembre de 2011 y diciembre de 2014, fue sentenciado a la pena de 700 días de presidio menor en su grado medio y al pago de una multa de 20 UTM ($ 9 millones).

Al exadministrador del edificio de la Intendencia se le concedió el beneficio de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el plazo de los 3 años de la condena. Deberá permanecer en su domicilio por un lapso de 8 horas continuas, entre las 10 de la noche y 6 de la mañana, lo que será controlado por Carabineros.

Drago Marín se hizo cargo de la administración del edificio de la Intendencia en 2009, época en que el presidente del Consejo de Administración del recinto fiscal era Ricardo Bravo, en su calidad de gobernador provincial de Valparaíso.

Para tales efectos constituyó una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), de la cual era su representante legal, la que prestaba servicios de aseo, mantención y provisión de personal de seguridad para el edificio de la Intendencia. El no pago de las cotizaciones a los trabajadores levantó las primeras alarmas, constatándose que, a través de su empresa, Marín no declaró IVA, como es obligación de todo contribuyente, sumado a la emisión de boletas falsas. La evasión tributaria al Fisco se registró a contar del año 2011, mientras que los años 2013 y 2014, simplemente no declaró impuestos, según consta en la carpeta investigativa de Fiscalía.

Tras operar en forma ilícita durante 4 años, sin levantar mayores sospechas por parte del Comité de Administración del Edificio de la Intendencia Regional, a mediados de 2014 surgieron los primeros indicios de irregularidades. Al jefe administrativo del SII, entidad que es parte del edificio ya que ahí funcionan sus oficinas regionales, le llamó la atención que algunos cobros por los servicios básicos venían duplicados, tales como luz y agua, repitiendo los mismos montos en meses sucesivos.

Tras ordenar una revisión a las cuentas que estaba emitiendo el administrador, se constató una serie de irregularidades que fueron denunciadas a la Fiscalía y a la Intendencia. Además el organismo fiscalizador presentó una querella por delitos tributarios, en octubre de 2014.

A través de su duplicidad de funciones, como administrador del edificio y prestador de servicios a través de su empresa a la propia administración del Edificio Esmeralda, Marín manejó elevados montos de dinero, incurriendo en una serie de irregularidades administrativas y tributarias.

Desde su cargo de administrador, Marín desvió más de 70 millones cuyo destino no logró ser establecido en la investigación. Al pago parcial a proveedores e imposiciones impagas a sus trabajadores, se sumó la apropiación indebida del "Fondo de Reserva" de la administración, correspondiente al 1% de los gastos comunes que cancelan las reparticiones públicas que ocupan el recinto.

Tras ser formalizado, en junio del año pasado, los hechos detectados al interior del recinto de calle Melgarejo generaron un nuevo escándalo, ya que el Gobierno Regional aún no se reponía de la investigación realizada por la Fiscalía y que fue conocida como Fraude a la Intendencia 2, donde importantes personeros de la administración del exintendente Raúl Celis fueron condenados a 8 años de cárcel efectiva por delitos reiterados malversación de caudales públicos, entre ellos el exjefe de la División de Administración y Finanzas (DAF), Sergio Núñez Sepúlveda, y el exjefe de gabinete, Raúl Celis, Enrique Kittsteiner, quien hasta la fecha se mantiene prófugo de la justicia.

6 años se desempeñó Drago Marín (2009-2015) como administrador del Edificio Esmeralda de la Intendencia Regional de Valparaíso.

$ 44 millones en multas deberá cancelar el exadministrador del edificio de la intendencia, como parte de las penas recibidas.

22 servicios públicos alberga la Intendencia Regional, los cuales cancelan millonarias sumas por el arriendo de las instalaciones.