Era un 26 de enero de 2016, cuando la Presidenta encabezó, en una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el lanzamiento del "Año de la Productividad 2016", donde enfatizó que la medida buscaba tener la capacidad de crear e incorporar innovación y capital humano avanzado en los procesos productivos.
Si avanzamos al 9 de mayo recién pasado, nos encontramos con la publicación del fallo del Tribunal Constitucional respecto a su resolución ante el requerimiento presentado por Chile Vamos contra el proyecto asociado a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, donde declaró contrarios a la Constitución dos aspectos claves de la iniciativa: la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios.
A partir de lo suscitado, el Gobierno anunció su decisión de recurrir a un veto presidencial para suprimir la exigencia de que el sindicato, para negociar colectivamente, deba tener el mismo número de trabajadores con el que se constituyó, entre otras cosas. Paralelamente, el ministro vocero, Marcelo Díaz, reiteró que la intención del Gobierno es generar un avance en materia de protección y reforzamiento de los derechos de los trabajadores.
Si partimos de la base que el bien común es el fin del Estado y que el fin de toda empresa privada es la maximización de los beneficios, cuando el Gobierno promueve la concepción socialista, errónea y añeja del proteccionismo al trabajador, sólo logrará afectar más el desempleo. ¿Por qué se pregunta usted? Bueno, porque finalmente -en el mediano y largo plazo- la productividad del trabajador disminuye y la empresa deberá finalmente sustituirlo por capital… Si, aquel factor que hoy ya no es ni fijo ni indivisible, sino que más bien se termina por transformar en un factor muchas veces abundante y más barato.
Estamos claros que tanto el Gobierno como la empresa privada deben preocuparse de la inversión de largo plazo en capital humano; sin embargo, es el Gobierno el que debe velar por un ambiente y entrono -a través de la implementación de sus políticas- que atraiga a inversionistas, incrementando así la demanda agregada del país. Chile ya tiene los recursos para hacerlo, y no reconocer este hecho termina transformándose más que en una "miopía", una irresponsabilidad mayúscula.
El uso eficiente de recursos y la correcta asignación de los mismos son habilidades algo olvidadas en la "corteza cerebral" del Gobierno. Tras la implementación de medidas gubernamentales, la empresa está obligada a reinventarse y ajustarse a los cambios del mercado, para mantenerse o mejorar su competitividad. El Gobierno tiene una deuda moral con los trabajadores menos calificados y futuros desempleados de un mercado ampliamente globalizado, altamente tecnificado y moderno, que se encuentra en constante cambio.
Luis Zamora Caris
Postgrados Facultad de Economía y Negocios UNAB