La posibilidad de encontrar puntos de acuerdo o equilibrio en los proyectos de expansión portuaria (Terminal 2) y de desarrollo comercial (Mall Puerto Barón), que son impulsados por la Empresa Portuaria de Valparaíso, fue planteada por el experto y arquitecto colombiano Juan Luis Isaza, al comentar su Estudio de Impacto Patrimonial (EIP), que le fuera encargado por el Estado para contar con una nueva y fundamentada opinión al respecto.

El experto reconoce la necesidad que tiene el puerto de expandirse para ser competitivo; "insisto en que esos desarrollos son posibles, bienvenida sea la ampliación del puerto y su competitividad, pero creo que hay que encontrar puntos medios", dice.

En relación con sus objeciones por el efecto patrimonial que puede provocar la construcción del Terminal Cerros de Valparaíso (considera que el del proyecto de Barón será menor), afirmó que generará un "impacto alto, permanente e irreversible, el mismo que, en concepto del presente EIP, no es posible mitigar". Los estudios y proyectos de mitigación que se han estado planteando en relación con el T2 son, a juicio del experto, insuficientes, afirmando categóricamente que a raíz "de los impactos que se generarán", se podrían buscar otras alternativas, otras formas de utilizar el puerto y de modernizarlo.

Aunque el informe no es vinculante, el prestigio de su autor y las conclusiones apuntadas son relevantes a la hora de ajustar las propuestas, aunque deja planteado que es posible que se busquen otras opciones, diferentes al T2, para aumentar la capacidad portuaria y transformarse en un terminal verdaderamente competitivo.

El intendente, Gabriel Aldoney, reiteró que los proyectos están fuera del área de patrimonio mundial y de la zona de amortiguamiento, argumentando que pese a las conclusiones del informe, no se impide su construcción, pero sí requieren mitigaciones y compensaciones. Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Claudio Reyes, criticó que en estos temas hay un problema de gestión extremadamente preocupante, concluyendo que el T2 no se puede construir con las características que se están proponiendo.

Ante estas perspectivas, cabe en estos momentos analizar con visión de futuro -no a dos años, sino a 30, como señaló el experto en entrevista en este Diario- qué ciudad se quiere y discutir la necesidad de compensaciones, pero también la responsabilidad del Estado en el cuidado del patrimonio porteño, que a todas luces, y como lo han señalado de manera transversal distintas autoridades, no ha estado a la altura de lo que la ciudad requería.

Todos los que embarcan carga en el puerto se acostumbran a hacerlo por el pequeño espacio que media entre el edificio de la Bolsa y las oficinas de lanchas. Con este motivo cuando se embarca carga para los vapores, se encuentran ocho o más lanchas atracadas a la playa. No debemos esperar por ahora un muelle de descarga.

Los robos de las cargas de importación

La alarma reinante en el comercio por el recrudecimiento de los robos en la bahía ha subido ahora con el saqueo que se ha hecho del vapor "Kentra". Lo ocurrido, en efecto, reviste proporciones que dan la medida de la audacia y el cinismo a que han llegado los ladrones de a bordo, aumentando la mala fama de nuestras costas.

Hay posibilidad de un

MOSCÚ, 26 (AP).- El subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Óscar Pinochet, discutió hoy un acuerdo comercial entre su país y la Unión Soviética, en reunión con el primer subsecretario del Ministerio Soviético de Comercio. Uno de los principales fue un posible préstamo a Chile para adquirir maquinaria pesada rusa.

Se ha aprobado en el Congreso la denominada "agenda corta antidelincuencia", la que entrega a la policía la facultad de "verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público", procedimiento que no "podrá extenderse más allá de una hora".

Muchas críticas se han formulado en contra de esta facultad de la policía, por no existir evidencia empírica que demuestre la necesidad de esta restricción de la libertad ambulatoria y por el evidente riesgo de arbitrariedad en la selección de quienes sean "escogidos" para ser sometidos a este control. No queremos reiterar aquí tales críticas, que compartimos plenamente, sino destacar algo que no ha sido advertido en el debate.

El peligro de aplicación discriminatoria de esta medida se debe a que la norma aprobada no satisface una exigencia constitucional. Según la Constitución, "nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes" (art. 19 N° 7 letra b). Con este requisito de legitimidad de toda privación o restricción de libertad se pretende que sea la ley, como declaración de voluntad soberana, la que establezca, por un lado, los supuestos (casos) que habilitan para privar o restringir la libertad de una persona, y por otro, el modo (forma) en que ello puede tener lugar. De esta manera se asegura que la afectación de la libertad personal sólo pueda tener lugar en las hipótesis que precise el órgano dotado de legitimidad democrática, y se minimiza el peligro de arbitrariedad, impidiendo que sea el aplicador de la normativa quien configure los supuestos de procedencia y las modalidades de las privaciones o restricciones de tal derecho.

El cumplimiento de esta exigencia constitucional es fácilmente constatable en cualquier medida coercitiva que puede adoptarse contra un imputado. Por ejemplo, para detenerlo, se necesita que se le sorprenda en delito flagrante, o bien, que se estime que si se le citara su comparecencia podría verse demorada o dificultada, o que no haya concurrido a una audiencia después de haber sido citado (casos), debiendo en la segunda hipótesis dictarse una orden judicial y, en cualquier caso, ser puesto a disposición del tribunal en un plazo de veinticuatro horas (forma).

Pues bien, nada de esto se observa en la norma que establece la nueva facultad de la policía. Lo único que hace es regular la forma en que puede restringirse la libertad de los mayores de edad sujetos a control, omitiendo toda referencia a los casos en que ello resulta procedente. Como lo dijimos, se ha criticado la disposición por la arbitrariedad con que podrá ser aplicada, pero el verdadero problema que explica tal aprensión es previo: no establece hipótesis alguna, por lo cual es inconstitucional y así debería ser considerado por los llamados a velar por la constitucionalidad de la ley.

Profesores del Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la PUCV

Luis Rodríguez Collao, Guillermo Oliver Calderón, Raúl Núñez Ojeda, Laura Mayer Lux, Jaime Vera Vega y Fabiola Girâo Monteconrado