Consejo de Defensa del Estado se querella contra alcaldesa de Papudo y 8 funcionarios
JUDICIAL. Malversación de caudales públicos habría provocado perjuicio por $ 96 millones.
Por malversación de caudales públicos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con fecha 20 de mayo, se querelló en contra de la alcaldesa de Papudo, Rosa Prieto (RN), y otros ocho funcionarios municipales. Esto se suma a la querella que el Juzgado de Garantía de La Ligua acogió a fines de abril, tras una denuncia presentada por un ciudadano de la comuna identificado como David Vargas.
La situación se remonta al año pasado, cuando el mismo ciudadano denunció ante la Contraloría de Valparaíso presuntas irregularidades en el municipio. Tras esto, el ente regulador realizó una investigación al interior de la Municipalidad (Informe de investigación especial N° 56), que culminó en agosto de 2015 arrojando que diferentes funcionarios de planta y a contrata habrían sido contratados, además, bajo la modalidad de honorarios, "sin ajustarse a la legalidad vigente y con la finalidad de incrementar sus patrimonios".
En total, la Contraloría detectó un perjuicio fiscal por poco más de $ 90 millones, monto que el CDE finalmente precisó en $ 96.172.656. Además de la jefa comunal, los querellados son Alejandro Osorio, secretario municipal; Andrés Mejías, Secpla; Cristóbal Jaque, director de Administración y Finanzas; Hernán Palacios, auxiliar; Daniel Sammur, encargado de la Dideco; Guillermo Velasco, encargado de la Unidad de Control; Mario Bustamante, administrador municipal; y Jorge Rubio, director de Obras Municipales.
Detalles de la querella
Según indica la querella presentada por el CDE, basada en el informe de la Contraloría, desde enero de 2011 y hasta octubre de 2014 el Municipio celebró una serie de contratos con los funcionarios en cuestión, quienes recibieron distintas remuneraciones por el cumplimiento de funciones paralelas a las especificadas en sus contratos de trabajo.
"La Contraloría efectuó un análisis detallado de cada uno de los informes presentados por los distintos funcionarios, como contraprestación a los contratos a honorarios pactados", indica el CDE.
A modo general, la mayoría de los servicios prestados por los funcionarios consistieron en asesorías, estudios y diagnósticos al propio municipio. Según el informe, uno de los que más contratos realizó fue el secretario municipal. En total, fueron ocho prestaciones entre enero de 2011 y diciembre de 2013, por un total de $ 33 millones. Lo sigue el director de Administración y Finanzas, quien realizó tres asesorías por más de $ 15 millones.
Pero en la investigación no sólo se detectó el pago irregular de asignaciones. El CDE precisó en la querella que la Contraloría, además, advirtió en su informe que los funcionarios realizaron las asesorías con información existente en "páginas de internet".
"Se constató que los informes adjuntados por los funcionarios de planta y contrata de esa entidad obedecen a un conjunto de definiciones, elementos y materiales de estudio, afiches, informativos e instructivos, entre otros, sobre temáticas existentes en páginas de internet de organismos privados y públicos - todas de fácil acceso para el municipio-, fuentes de las cuales fueron copiadas o reproducidas, en gran parte en forma textual y sin autorización de sus autores o sin hacer referencia a los mismos", se indica en el documento presentado por el abogado procurador fiscal de Valparaíso, Michael Wilkendorf.
Autores y coautores
Como la investigación se remonta al 2011, el CDE precisó que al momento de los hechos todos los funcionarios involucrados ya se desempeñaban en la Municipalidad. Por lo mismo, establecieron que tanto la alcaldesa, quien no recibió el pago de dinero, junto con el director de Finanzas, "son autores del delito de malversación de caudales públicos". Esto, debido al grado de administración, dirección y supervigilancia que les corresponde.
En tanto, los otros siete funcionarios fueron considerados como coautores del mismo delito, puesto que "si bien no tienen a su cargo los caudales, se conciertan para la consumación del delito, facilitando los medios necesarios para su ejecución".
De esta forma, el CDE precisó que "se logró establecer un sistema sostenido de contrataciones a honorarios (...) el delito en cuestión es reiterado, lo que constituye una actividad delictiva". Por lo mismo, solicitaron al Ministerio Público que se cite a declarar a la alcaldesa en calidad de imputada, a objeto de que clarifique por qué permitió dicha contratación a honorarios y en qué consistían aquellas funciones. También se solicitó la declaración del resto de los funcionarios para que aclaren el contenido de los informes que realizaron.
"error administrativo"
Al respecto, el abogado particular de la alcaldesa, Rafael Almarza, sostuvo que, de manera preliminar, las irregularidades que detecta la Contraloría y que permiten al CDE presentar la querella responden a un problema administrativo y no penal, como se sostiene.
"Aún no estudio la querella detenidamente, pero claramente el contenido dice relación con un informe de la Contraloría que, a mi juicio, establece responsabilidades administrativas más que penales. Rosa Prieto, en su condición de alcaldesa, autorizó la contratación a honorarios de algunos funcionarios, en el marco que la ley lo permite. Ella no ha emitido facturas falsas, no ha recibido pagos y no ha hecho transferencias; simplemente autorizó la contratación a honorarios de funcionarios, lo que ha sido cuestionado por la Contraloría", precisó el abogado defensor.
Abogado acusa aprovechamiento político
Consultado por la situación que se vive al interior del municipio de Papudo, el concejal de la comuna Eduardo Reinoso sólo manifestó que es necesario respetar el curso de la investigación que podría llevar adelante el Ministerio Público. En tanto, el abogado particular de la alcaldesa acusó un accionar "político" en contra de la jefa comunal, quien lleva cuatro periodos en la alcaldía. "La querella acogida por el Tribunal claramente está vinculada a una oportunidad política. Estas acciones penales aparecen por la intención que tiene la alcaldesa de repostularse a la alcaldía. Soy abogado, no tengo que ver con la política, pero aquí hay aristas que escapan de lo jurídico, que tienen que ver con la oportunidad en que estas cosas suceden... un año electoral. Es la Fiscalía la que tendrá que comenzar a investigar", sostuvo el abogado Rafael Almarza.
"Se logró establecer un sistema sostenido de contrataciones a honorarios (...), lo que constituye una actividad delictiva"
Consejo de Defensa, del Estado (CDE)
"A mi juicio, el informe de la Contraloría establece responsabilidades administrativas más que penales"
Rafael Almarza, Abogado de la alcaldesa
$ 96 millones es el perjuicio que detectó la Contraloría y que motivó al CDE a presentar una querella.
8 funcionarios, más la alcaldesa de Papudo, estarían involucrados en el delito de malversación de caudales.
20 mayo es la fecha en que el CDE se querelló. Previamente el Tribunal acogió una denuncia particular.
4 son los años que la Contraloría investigó al municipio. Desde enero de 2011 hasta octubre de 2014.