Es creciente la percepción de que nuestra sociedad está en tensión y que urge encontrar mecanismos que nos ayuden a resolver los conflictos y bajar en un cierto grado la agresividad, que se traslada a las calles, a la violencia de género, a la intolerancia a la diversidad y a las diferencias étnicas o raciales. Para este desafío son necesarios más esfuerzos con espacios al dialogo, a la reflexión y a la formación.
Durante el año 2015 casi el 70% de las once mil denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación en el país, fueron por hechos vinculados a maltrato escolar, entendido éste como cualquier agresión física o psicológica a un integrante de la comunidad educativa.
Es cierto que esta cifra no cobra validez de estadística oficial, pues no conocemos la totalidad de los hechos que ocurren, sin embargo, este solo dato constituye un referente que llama a ocuparnos y ponernos en acción. La Escuela se organiza para formar e instruir y hoy, al igual que el conjunto de la sociedad, está desafiada en su capacidad para ser un agente que procese y resuelva los conflictos que inherentemente se darán en la convivencia humana.
La Ley de Inclusión, puesta en marcha desde marzo de este año, viene a relevar con fuerza este desafío, pues exige a la Escuela en su condición de modelador de conductas a asumir de plano la diversidad y al limitar y regular los mecanismos de expulsión, a extremar recursos para construir respuestas que estén en la base de los factores que generan el conflicto y no sólo resolviendo el síntoma último con medidas de exclusión.
En el común anhelo de avanzar al desarrollo, resulta fundamental que entendamos que en la búsqueda de una sociedad inclusiva y respetuosa los procesos educativos formales tienen relevancia capital y que, además, para el logro del propósito de formar e instruir la generación de ambientes sanos y libres de conflictos no resueltos, genera condiciones de mayor calidad para el logro de resultados propios de la organización escolar.
El enfoque psicosocial, como complemento de las herramientas de la didáctica, es la forma de enfrentar el desafío de generación de ambientes escolares propicios para el éxito escolar. Como contrapartida, si entendemos la presencia de profesionales del ámbito psicosocial en la lógica inicial de atender al agresor y al agredido pero contrariamente resolvemos el conflicto atacando sólo sus consecuencias, estaremos atentando contra la posibilidad de una real solución o atención sobre los factores que generan la agresión y, por lo tanto, el conflicto será aparentemente resuelto, pero no estarán resueltas sus causas, por lo que será predecible su reaparición.
La expulsión de un estudiante debe ser siempre la última opción, luego de esfuerzos disciplinarios con enfoque pedagógico, y de llegar a la conclusión de su aplicación esta debe ser con un debido proceso.
Pablo Mecklenburg Bravo
Director regional Superintendencia de Educación