Por Karen Trajtemberg *
La trama ha sido como una película, un drama a todas luces. Ha tenido varios quiebres, momentos de ira, linchamientos públicos, más quiebres… Y todo indica que está lejos de terminar.
Como toda buena cinta, comenzó con una situación en extremo grave... Y triste: El fallecimiento -en un centro del Sename-, de Lisette, una niña de sólo 11 años que probablemente entendería poco de interpelaciones, renuncias y críticas.
Pero además, toda la trama ha estado cruzada por acciones políticas curiosas -y nada efectivas-, por decir lo menos.
Hasta ahora, serían alrededor de 185 menores (UNICEF cuestiona esa cifra) los que han muerto en dependencias ligadas al Sename desde 2005. En concreto, sería como si fallecieran todos los estudiantes de un colegio, de primero a sexto básico, considerando seis cursos de 30 alumnos cada uno. Sin embargo, no es esta escalofriante cifra, ni tampoco Lisette, las que produjeron que el mundo político despertara.
Tampoco fue la constatación de que existen más de mil niños en lista de espera en la V Región, ni el hecho de que, a nivel nacional, sean ocho mil menores los que aguardan para ingresar al sistema (una cantidad de niños suficiente para casi repletar el estadio de San Felipe).
La gestión ejecutiva y legislativa ha mostrado una lentitud inexcusable en entender, gestionar y solucionar la crisis por la que atraviesa el Sename hace ya 25 años (como lo reconoció la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz). Hoy se trata de un sistema colapsado en número, pero también en el concepto detrás de esta supuesta -e incoherente- protección de los menores: un "cuidado" marcado por denuncias de maltrato, abusos sexuales y la cohabitación de chicos que han sido víctimas de atropellos o negligencia, con otros que han delinquido y son enviados a estos lugares para su "rehabilitación".
Lo complejo es que todo lo anterior parecía políticamente invisible, hasta que se cruzó Gendarmería y las abultadas pensiones en el horizonte, en paralelo con la fuga de un grupo de menores de un centro del Sename en Arica. Ahí sí el Congreso puso sus ojos en la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Y se dio cuenta de que podía interpelarla, aun cuando -en el fondo- nada vaya a cambiar con esta acción política.
La interpelación per se no es una acción equivocada. De hecho, bien usada, podría ser un buen momento para cuestionarse el fondo del problema: ¿qué se puede hacer con el Servicio Nacional de Menores? ¿Cómo se convierte esta crisis en una oportunidad para estos niños que han sido maltratados por un país y un sistema profundamente inútil? ¿Por qué se requiere todo el periodo desde el regreso a la democracia y varios proyectos de ley para reinventar un sistema en la UTI?
Lo complejo es que las estadísticas no ayudan. Hasta ahora, la mayoría de las interpelaciones desde 2006 han sido nada más que un un show político-mediático, que -de ser así nuevamente- sólo servirá para "aleonar" al tribunal popular de las redes sociales.
La posibilidad de que la jornada decante en algo concreto es nula. Y las señales emanadas desde La Moneda -con un respaldo cerrado del Gobierno- son decidoras: Blanco está blindada.
Si por primera vez, desde el inicio de las interpelaciones, la Cámara de Diputados diera un golpe a la cátedra, con preguntas atingentes, poniendo el énfasis en lo que importa, de manera lógica y sin violencia (evitando situaciones bochornosas que se han repetido en todas estas instancias desde 2006, con enfrentamientos verbales e incluso físicos entre legisladores y ministros), sería digno de aplauso.
Porque en definitiva, si nos quedamos en la renuncia o no de Blanco; en el nombramiento de la ex fiscal del 27F, Solange Huerta; en la pelea del hemiciclo, no habrá ningún cambio efectivo. Es cierto que el accionar del Gobierno ha sido poco pulcro, lento y rayano en la estupidez, pero el problema hoy es de fondo y lo que importa, en realidad, no es quién dirige la institución o si la ministra renuncia, sigue en el cargo o la envían a una cartera menos polémica. El tema hoy es la urgencia. La misma que el gobierno ha puesto y retirado en más de diez ocasiones, desde que el proyecto de ley que regula los derechos de la infancia se presentó, en septiembre de 2015.
El apuro real son los niños, lo que ciertamente incluye reformar en profundidad el funcionamiento de los organismos que deben cuidarlos -no maltratarlos-, a través de una institucionalidad acorde a la seriedad del tema. Pero con celeridad y responsabilidad.
"Lo complejo es que las estadísticas no ayudan. Hasta ahora, la mayoría de las interpelaciones desde 2006 han sido nada más que un show político-mediático, que - de ser así nuevamente - sólo servirá para "aleonar" al tribunal popular de las redes sociales"."
