Alexis Paredes R.
En una de las tres aristas investigativas producto de las denuncias por eventuales irregularidades en la licitación de consultorías y contratación de asesorías al interior del Gobierno Regional (Gore), hechos que podrían ser constitutivos de delitos y de un eventual fraude al Fisco por montos que alcanzan los $ 172 millones, el nuevo fiscal a cargo del sumario administrativo resolvió revocar la suspensión de funciones que afectaba a tres altos personeros de dicha repartición pública como medida preventiva.
Con fecha 27 de junio fueron notificados de la resolución adoptada por el abogado de la subsecretaría del Interior, Gabriel Gatica Stambuk, que implica la reincorporación a sus respectivos puestos del exjefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad) y actual asesor directo del intendente Gabriel Aldoney, Alexis Bustos; el jefe de la División de Administración de Finanzas (DAF), Guillermo Orellana, y la funcionaria de la Diplad, Nelda Garcés Jiménez.
La resolución causó sorpresa al interior de la Intendencia regional, ya que dejó sin efecto la medida adoptada por la anterior fiscal a cargo del sumario administrativo, quien antes de cerrar la investigación y a la espera de una posible formulación de cargos había suspendido a los sumariados.
Al momento de designar al nuevo fiscal, el intendente Aldoney optó por un abogado externo al Gore, el cual rápidamente resolvió las primeras medidas sobre este expediente, que se abrió el pasado 12 de mayo.
"No advirtiendo el suscrito la necesidad de mantener la medida de suspensión preventiva de funciones dispuesta en el expediente sumarial respecto a los funcionarios del Gore de Valparaíso, resuelvo disponer el cese de la medida de suspensión preventiva", instruyó el fiscal Gatica en la resolución a la que tuvo acceso este Diario.
La medida causó extrañeza e inquietud entre los funcionarios del Gore, por temor a eventuales represalias en contra de quienes han declarado en el proceso. Más aún cuando se enteraron que el actuario en el sumario es Carlos Godoy, asesor jurídico del intendente y con acceso al expediente, el cual trabaja en las mismas dependencias -piso 19- donde cumple labores Bustos, uno de los sumariados, lo cual le restaría imparcialidad al procedimiento.
Mientras se espera que se cumplan los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo, existen otras dos aristas investigativas en el denominado "Fraude a la Intendencia 3" que avanzan rápidamente.
En el ámbito administrativo, la Contraloría Regional acogió la denuncia presentada en dicha repartición y ha realizado diversas indagatorias con los funcionarios del Gore. En forma paralela, en la arista penal, tras la denuncia que el pasado 12 de mayo interpuso ante el Ministerio Público la consejera regional, Evelyn Mansilla, por hechos que podrían ser constitutivos de delito, la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía ha realizado junto a la PDI múltiples interrogatorios y diligencias, entre ellas la incautación de los proyectos cuestionados y los estados de pago de los mismos realizados por la División de Finanzas, además de la incautación del disco duro del computador de una de las funcionarias implicadas.
No se descarta que, ante la celeridad con que se han realizado las pesquisas, se puedan concretar resoluciones en la causa.
El sumario administrativo se originó tras conocerse el resultado de tres auditorías internas realizadas por el exauditor del Gore, Osvaldo Maldonado, que arrojaron irregularidades en el proceso de compras públicas.
Tras tener acceso a dichos antecedentes, la core Mansilla presentó ante el Ministerio Público una denuncia por eventuales irregularidades administrativas y posible fraude al Fisco en la adjudicación de proyectos de consultoría territoriales en el Gobierno Regional.
La presentación dio cuenta de una serie de anomalías administrativas y posibles faltas a la probidad de la Diplad en la licitación pública de dos consultorías territoriales para Cabildo y Petorca, por $ 70 millones cada una, proceso en el cual se habría modificado la comisión evaluadora, cuyos integrantes pasaron a ser funcionarios de confianza del exjefe de dicha división.
De esta forma se contrató la asesoría técnica de la Constructora Haza, la cual se cuestionó por mantener experiencia sólo en el área de la construcción y que, en uno de los casos, sólo se limitó a "copiar y pegar" el mismo proyecto presentado el 2014 por otra empresa.
Adicionalmente, se denunciaron posibles irregularidades en la contratación por trato directo, efectuada en noviembre de 2015, de la Consultora Signo Limitada, para la elaboración de un Programa Comunicacional y Participación Ciudadana solicitado por la Diplad, por un monto de $32 millones, solicitada por el exjefe de la Diplad.
En este caso habría una relación familiar entra la funcionaria de Diplad y el dueño de la consultora, la que además autorizó un estado de pago.
Esta última empresa se constituyó sólo 60 días antes de adjudicarse la consultoría y se detectaron "profesionales cruzados" entre Haza y Signo Limitada.
Contraloría evacuará un dictamen
Se estima que dentro de los próximos diez días la Contraloría Regional debería resolver y emitir un dictamen sobre las indagatorias realizadas al interior del Gore. Trascendió que entre los funcionarios de las reparticiones investigadas hay "nerviosismo y un clima enrarecido", ante eventuales represalias tras las múltiples declaraciones que han prestado producto de las investigaciones. "La gente está asustada y tiene miedo", aseguró una de las fuentes, en alusión a lo ocurrido con el exauditor Osvaldo Maldonado, quien fue desvinculado tras detectar las primeras anomalías en el proceso de compras públicas.
de mayo se inició el sumario administrativo al interior del Gore ante supuestas irregularidades. 12
millones están comprometidos en la licitación y contratación de proyectos en la Diplad. $ 172