MEJORAR EL SISTEMA ACTUAL
PENSIONES. Gremios productivos de la región temen que algunas de las medidas esbozadas tengan efecto negativo en el empleo. También hay interrogantes sobre el rol del Estado.
Hay coincidencia en que se debe mejorar el actual sistema previsional que en los hechos no ha respondido a las altas expectativas que se difundieron cuando se creó el sistema con tasas de reemplazo que llegarían al 70%. La realidad del mercado laboral chileno demostró lo contrario.
¿IMPUESTO AL TRABAJO?
El financiamiento público de US$ 1.500 millones anuales que le significará al Estado el incremento en la cotización despierta aprensiones en los gremios del sector productivo de la región pues significaría nuevos impuestos, lo que al final puede derivar en efectos negativos para el mercado laboral.
EL ROL DEL ESTADO
Economistas señalan que el Estado no se puede limitar a su rol como empleador, sino que debe aportar a la mejora del sistema. Además se preguntan si al final tendrá algún grado de injerencia en la administración de los fondos. También señalan que se requiere una mayor regulación.
NO HAY MEDIDAS URGENTES
Los expertos también hacen hincapié en que ninguna de los planteamientos responde a solucionar el problema urgente de las pensiones. Al contrario, manifiestan que hay que estar alerta a la reacción que puede tener el mercado del trabajo frente a estas iniciativas pues pueden tener un efecto no deseado.
AFP: las dudas que deja en la zona la propuesta presidencial
Las medidas esbozadas por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para mejorar el sistema de pensiones también tuvieron eco en la región.
Gremios y economistas analizaron la propuesta que, entre otros puntos, recalca la necesidad de aumentar la cotización gradualmente hasta llegar a un 15% con cargo al empleador.
"Como gremio consideramos que el sistema de pensiones se debe mejorar actualizándolo de acuerdo a la nueva realidad demográfica que existe en nuestro país y se tienen que resolver los problemas que han afectado el ahorro individual y con ello las pensiones, como el aumento de la esperanza de vida, las lagunas de imposiciones y falta de ahorro previsional", comenta el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP), Pier Paolo Zaccarelli,
En cuanto al aumento de los montos apunta que, aunque todavía falta profundizar en el tema, existe disposición del sector. "Como no tenemos mayores antecedentes respecto del detalle más que los titulares de las medidas propuestas, sólo podemos indicar que el empresariado está en disposición de incrementar los aportes previsionales, para mejorar el ahorro de los trabajadores en sus jubilaciones", subrayó.
Lo que sí inquieta al líder gremial es el financiamiento público de US$ 1.500 millones anuales en régimen que le significará al Estado el incremento como empleador de 5 puntos porcentuales. "Nos preocupa porque puede significar nuevos impuestos, para no afectar la regla fiscal, con el impacto que ello puede significar en el crecimiento. Por otra parte, es muy importante fortalecer el pilar solidario, pero cuidando de no afectar el crecimiento y el empleo", agregó.
Añadió que, si bien considera que la responsabilidad por los aportes debe ser compartida entre personas, empresariado y Estado, las medidas que sirvan para hacer más inclusivo al nuevo sistema deben salir de un trabajo mancomunado, con criterios y estudios técnicos que sean consistentes en el tiempo y que además permitan manejar con precaución la situación de la creación y mantención de puestos laborales. "En el estado de estancamiento de nuestra economía y considerando el delicado estado del empleo en la región, donde alcanzamos un 8,1% de desocupación en el último trimestre móvil, cualquier medida podría influir de forma negativa si no es bien abordada, podría terminar por socavar las expectativas de una mejora en el corto plazo", advirtió.
En tanto, el presidente de la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Hans Wesser, tiene una visión crítica en cuanto a que sea una solución efectiva a la urgencia. "Es un tema que se ha esquivado durante 25 años y que hoy explotó y por ello se han anunciado medidas de emergencia que, en realidad, no van a solucionar el problema de la gente que está jubilando ahora", mencionó.
"Si uno ve el sistema de pensiones antiguo iba más del 20% a la previsión. Luego se rebajó a un 10% con un 3% del seguro y todos estábamos felices porque nos aumentó el sueldo y con una esperanza de vida mucho menor a la que tenemos ahora. El problema es que esa expectativa aumentó lo que sumado a las lagunas previsionales hacen que se debe aumentar la cotización pero eso debió haberse implementado hace 15 o 20 años", insistió.
En cuanto al aumento de cotización esbozado, aunque enfatiza que es necesario dado el monto de las pensiones, no esconde sus aprensiones por los efectos que puede gatillar en el mercado laboral. "Lo que yo temo es que esto sea un impuesto al trabajo que va implicar de una manera u otra un freno a la contratación de gente nueva y en especial en la pequeña industria. Ojalá que con esta medida no se tienda a la informalidad del trabajo, que aparece cuando hay más impuestos", recalcó, agregando que también se debe apuntar al Estado como empleador.
"Las empresas del Estado son las que más tienen personal sin contrato indefinido, y tememos que se cargue de nuevo al sector privado cuando el problema parte por otro lado".
El académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Viña del Mar (UVM), Francesco Pontarelli, señala que la propuesta de un sistema "mixto, tripartito y de carácter solidario" es una buena corrección real del actual sistema, pero manifiesta sus dudas respecto a cómo actuará el Estado. "Éste no puede remitirse solamente a su rol como empleador. Para hablar de un sistema tripartito, se requiere de un aporte real y directo del Estado para la mejora del sistema", afirma.
Otra duda del experto apunta a quién administrará estos fondos. "¿Serán las mismas AFP, o también el Estado tomará un papel dentro de este nuevo escenario?"
Sobre el aumento de la cotización por parte de los empleadores de un 5%, opina que si bien se trata de una acción necesaria pues el sistema no se mantiene con la actual cotización, se debe prestar atención a cómo reaccionará el mercado del trabajo a este anuncio, pues, a su juicio, se corre el riesgo de que los salarios reales de los trabajadores se vean afectados a través de un traspaso de este aporte a las remuneraciones de éstos.
Agrega que otro punto a considerar es la regulación de las comisiones de las AFP, pues en muchos casos se cobra más del 20% real del monto administrado, lo que se puede considerar al filo de la usura. "Por ello, es necesaria una mayor regulación, de manera tal que no sea el mercado quien fije los precios, puesto que aunque existan nuevos participantes - AFP estatal, por ejemplo- el mercado seguirá concentrado y con altas barreras de entrada.
Lo que sí destaca Pontarelli es que las acciones propuestas son todas de largo plazo frente a un problema que es de carácter urgente. "Si bien es un avance el que la Presidenta aborde este tema, es necesario que se produzcan cambios en el sistema y queda mucho por esclarecer. Esperemos que este anuncio sea el punto de inicio a un debate más sólido y que permita mejorar uno de los peores males que tiene nuestro sistema".
El economista Alejandro Maureira lamenta que se busque "elevar la contribución a un sistema cuestionado, que tiene vicios que deben mejorarse y cuyos efectos serán un nuevo freno a la economía sin que se solucione, en ningún caso, las bajas pensiones".
Añade que un aumento de cotización, por su carácter obligatorio, es, y debe tratarse, como un impuesto a la mano de obra, razón por lo cual tendrá un efecto negativo en el empleo, aumentando el número de personas que requerirán de la solidaridad y disminuyendo a quienes aportan. "Conjuntamente al ser un impuesto directo a la contratación de mano de obra su costo será transferido a precios, es decir, seremos todos los consumidores quienes pagaremos ese aumento y no las empresas como suelen hacernos creer", dijo.
Esbozó que al afectar el consumo y el empleo dará resultados negativos para la economía profundizando el problema actual de recaudación de impuestos para bienes sociales y disipando todo beneficio que se cree que tendrá. "Actualmente menos de un 30% de la población cotiza de forma permanente en el sistema de pensiones y con este aumento de impuestos a la contratación esa cifra irá disminuyendo".
"En el estado de estancamiento de nuestra economía y considerando el delicado estado del empleo en la región (...) cualquier medida podría influir de forma negativa si no es bien abordada". Pier-Paolo Zaccarelli Presidente CRCP "Lo que yo temo es que esto sea un impuesto al trabajo que va implicar de una manera u otra un freno a la contratación de gente nueva y en especial en la pequeña industria".
Hans Wesser Presidente de Asiva"
US$ 1.500 millones será el costo que le significará aumentar las cotizaciones al fisco, tomando en cuenta que el Estado es el principal empleador del país.
10 años es el plazo que se fijaría para aumentar de manera gradual las cotizaciones de un 10%, como es en la actualidad, a un 15% con cargo al empleador.
1 elemento clave es el que aportaría la creación de una AFP estatal: aumentar el número de actores y por ende la competencia en un mercado concentrado.