Paralelamente al proceso constitucional iniciado por el Gobierno, resultan valiosos los debates en el nivel académico como el realizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación Edmundo Eluchans Malherbe.
En esa jornada participaron Jorge Burgos, exministro del Interior; Alejandro Guzmán, doctor en derecho, profesor de esa casa de estudios y columnista de este Diario; Pablo Rodríguez, decano y profesor de la Facultad de Derecho de la U. del Desarrollo; y Agustín Squella, abogado, periodista y docente de la U. de Valparaíso y de la U. Diego Portales.
Buen nivel de participación para un tema tan importante como es la formulación de una nueva Carta Fundamental, materia que, téngase presente, es prioritaria sólo para un 15% de la población de acuerdo a la última encuesta CEP que consigna a la delincuencia como el principal problema del país.
El debate se realizó con altura de miras y con una buena dosis de realismo en cuanto a las constituciones en nuestro país. Así, el profesor Guzmán sostuvo que en Chile "todas las constituciones han sido ilegítimas y todas han sido resistidas". Por su parte, el académico Rodríguez planteó que el reemplazo de la actual Carta "puede generar una crisis de proyecciones desconocidas". El profesor Squella, en tanto, generalizó la crítica a nuestro ordenamiento básico puntualizando que "Chile nunca ha tenido sus papeles constitucionales en regla".
Importante fue la precisión del exministro Burgos, quien reconociendo la ilegitimidad de la Constitución de 1980, destacó que con las reformas a partir del 89 se ha llegado en la práctica a "un texto constitucional que ha permitido un desarrollo democrático del país durante los últimos 25 años, de manera bien impecable". Afirmó, sin embargo, que "Chile merece una nueva Constitución" e insistió en que cambio debía darse a través de canales institucionales, descartando una asamblea constituyente.
Debates como el realizado en la PUCV son clarificadores, pues permiten conocer visiones diversas sobre un tema, que siendo importante, no está entre las urgencias de la base social. Además, es necesario analizar en su mérito, transparentar y sistematizar las conclusiones de los cabildos constitucionales organizados por el Gobierno, sobre los que hay dudas atendibles, y sopesarlas con otras propuestas que pueden producir centros de estudio y pensamiento a la luz de nuestra propia realidad y de experiencias internacionales.
No se trata de caer en el elitismo, pero tampoco nos podemos dar el lujo de sumar a la marcha institucional del país, con definiciones electorales pendientes y una economía llena de luces rojas, un debate que más que urgencia, exige prolijidad y acuerdos amplios, convocantes, con mirada de futuro.
