"Claramente hay un intendente que está tapando o impidiendo que se investigue"
Nicolás Monckeberg
Presidente de RN sobre caso Fraude en la Intendencia 3, cuyos antecedentes entregó a La Moneda
"Habrá tolerancia cero (…) Las incivilidades serán combatidas"
Jorge Dip
Gobernador de Valparaíso se refiere a medidas para el Carnaval Mil Tambores de este fin de semana
La comisión encargada de examinar el buque "Cherokee" adquirido a EE.UU. para reforzar la escuadra de guerra nacional está satisfecha porque la nave es mejor de lo esperado. Su casco es de un fierro más grueso que otros buques nacionales y suficientemente reforzado para llevar artillería. Sus distribuciones han sido hechas para un buque de guerra.
Dirigentes de la Junta de Vecinos de esta localidad dialogaron con el señor ingeniero de la Provincia sobre la pronta ejecución del puente Negro de esta localidad. De la entrevista se logró la formal promesa que la obra se hará pronto. La próxima semana llegarían diversos materiales para empezar dicho puente.
El primer buque-tanque construido en Chile, botado al agua hace apenas 4 días en Iquique, arribó ayer a Valparaíso en viaje inaugural y quedó atracado al Sitio E del Espigón. Pequeño, pero de líneas modernas y con todos los adelantos para su tipo, el "Sylvia" será destinado al tráfico de productos limpios del petróleo en la zona sur.
La cifra es inquietante: la minería nacional ha reducido su aporte al PIB de 16 a 8 puntos. Lo señala en entrevista con El Mercurio de Valparaíso Álvaro García, exministro de Minería del gobierno de Ricardo Lagos. Hecho grave desde el punto de vista nacional y también regional, dado que Valparaíso concentra una importante actividad extractiva estatal y privada.
El exministro descarta la posibilidad de privatizar la minera estatal o capitalizar vía inversores privados y señala que "Chile ha hecho un tremendo negocio teniendo a Codelco en manos del Estado y captando una alta proporción de las rentas que genera". Pero advierte que "el dueño debiera ser más cuidadoso en su empresa e invertir más en ella".
Sobre la polémica Ley Reservada del Cobre, García expresa que ha faltado voluntad política para avanzar en su derogación. En lo general vislumbra cierta despreocupación o desatención sobre el potencial minero: "No aprovechamos en plenitud a la minería como factor de desarrollo económico de Chile y no sólo de la minería".
Y tiene toda la razón, pues la actividad, por los recursos que genera, puede estimular otros giros asociados o independientes. El valor agregado del producto minero nacional es un tema largamente pendiente que permitiría avanzar en nuevos emprendimientos y contribuiría a evitar nuestra alta dependencia de las fluctuaciones de los mercados internacionales de materias primas sin elaboración, como ocurre en la actualidad.
Otro aspecto en el cual hay que avanzar es en la investigación, gran campo de trabajo del cual no pueden estar ausentes de las universidades. Recuerda García que cuando estábamos en el boom del precio del cobre, en 2013 y 2014, había casi 50 mil millones de dólares en proyectos de inversión minera detenidos por conflictos medioambientales o frenados por trámites públicos. Al respecto, recomienda "hacer las cosas de modo que la tramitación -que hoy demora cuatro años y medio- demore dos, que es el tiempo que tardan los países que hacen bien las cosas".
Es cierto. Toda inversión debe ajustarse a las normas, en particular las mineras a las medioambientales; sin embargo, el análisis técnico no puede convertirse en un largo trámite burocrático que, finalmente, termine alejando a inversiones en busca de ambientes más expeditos. Todo ello sin olvidar el clima laboral y la capacitación.
Hay deudas pendientes en minería que refieren a una de las actividades más importantes y tradicionales del país, que debe actualizarse de acuerdo a los tiempos, a las exigencias ambientales y a las cambiantes condiciones de los mercados mundiales.
Estamos en un álgido debate sobre la elección de intendentes, pero la clave es lo que ocurra en la discusión sobre el proyecto de traspaso de competencias. ¿Por qué? Ese proyecto es esencial en la materia y será labor del Congreso corregir la desidia del Ejecutivo y la suya propia (el proyecto lleva 5 años tramitándose).
¿Qué aspectos es necesario abarcar en el debate sobre el traspaso de competencias?
Según el protocolo de acuerdo del Gobierno, las competencias que se le entreguen a las regiones, desde el año 2018 al 2022, serán traspasadas de oficio, o sea, el Presidente decide qué se transfiere durante cuatro años, sin existir la posibilidad de que las regiones soliciten una competencia no incluida en la calendarización (que será igual para todos). La lógica de la gradualidad en los traspasos tiene sentido siempre que exista un mecanismo imparcial y heterogéneo mediante el cual los Gobiernos Regionales puedan también solicitar el ejercicio de una competencia. Tanto en el proyecto de ley como en los documentos del Gobierno, el mecanismo propuesto es deficiente. Será el Presidente quien decida las competencias, incluso teniendo el poder para revocarlas a su antojo. ¿De qué sirve entonces seguir hablando de un mínimo de competencias si luego el Ejecutivo podrá quitarlas cuando lo desee?
Lo mismo ocurre respecto a las facultades de la autoridad electa. Es antojadizo señalar que las políticas que se diseñen y ejecuten por el Gobierno Regional deben ajustarse al "marco general de las políticas aprobadas a nivel nacional". ¿Cuál es el alcance de esa oración? ¿Bajo qué criterios se define? Lógicamente, se decidirá desde La Moneda, pudiendo manejar políticamente las regiones tal como se hace en la actualidad.
Por otro lado, los criterios para transferir competencias a petición del Gobierno Regional (recién en el 2022) son insuficientes. Sostener que un traspaso de competencia se hará en razón de estar adecuado a la "política nacional" o que "pueda ser ejercida por la mayoría de las regiones" es darle la espalda a la realidad. Es sabido que no todas las regiones tienen las mismas necesidades, así como no todos los enfermos requieren la misma cura.
Para materializar la elección exigimos corregir con urgencia estos aspectos. Ahora resulta esencial que los parlamentarios pongan manos a la obra en nombre de los habitantes de regiones, esos mismos que votaron por ellos hace algunos años y que por esto tal vez no volverán a hacerlo en 2017, año en que tampoco podrán elegir a sus intendentes.
Guillermo Pérez
Investigador Fundación P!ensa