Reiteradamente la delincuencia se sitúa entre los problemas prioritarios que afectan a la comunidad. Así lo consignan las encuestas. Esa realidad se refleja en las pautas noticiosas y en la vida diaria de las personas. Hay denuncias de todo tipo. En las últimas semanas el sector amagado es la población Miraflores de Viña del Mar, barrio tradicionalmente tranquilo donde la seguridad se ha perdido en casas y calles. Se suma así ese lugar a la justificada sensación de temor que afecta a otros sectores de nuestras ciudades.
Pero el objetivo de los delincuentes no son únicamente viviendas, también es el comercio minorista. Tal es el caso de los negocios del sector Almendral de Valparaíso y en particular de la calle Victoria. Los comerciantes han pasado de la denuncia en los canales correspondientes a las manifestaciones públicas de protesta ante la inseguridad que afecta a sus establecimientos, tanto cuando están cerrados por la noche como en el día.
El resultado de estas acciones es una grave daño al patrimonio de esos comerciantes y la posibilidad cierta de cierre de sus establecimientos. Formulan denuncias concretas: el antiguo local, actualmente abandonado, de la Escuela Barros Luco se ha convertido en un refugio de delincuentes y el lugar mismo ha sido virtualmente saqueado por antisociales. Y ni hablar de la Avenida Uruguay…
Esta situación que amenaza a una importante área comercial de Valparaíso es grave, pues junto con afectar a vecinos y propietarios de establecimientos pone en riesgo fuentes de trabajo.
Por otro lado, los recurrentes robos a viviendas, suponen un impacto que va más allá de lo material, pues significan un golpe a la tranquilidad y a la intimidad de los afectados y sus familias, en especial a menores de edad.
Frente a estos casos que dañan a todos los sectores sociales no cabe la resignación ni la indiferencia.
Muchas veces la actitud de la autoridad desalienta a las víctimas, pues no hay reacción, las investigaciones no tienen resultados y los casos terminan en un archivo provisorio, especie de limbo judicial, donde no hay espacio, tiempo ni plazo.
¿Dónde está la falla? ¿En los procedimientos policiales o judiciales, en las normas legales o en los recursos materiales de las autoridades responsables de la seguridad?
La exigencia del momento es dar respuesta a esas interrogantes privilegiando en leyes y decisiones de la autoridad el olvidado derecho a la seguridad, por sobre medidas o propuestas estériles que ahogan y ocultan las verdaderas inquietudes de la sociedad.
