La elección de un nuevo edil en Valparaíso ha estremecido la política nacional al romper la hegemonía del tradicional duopolio centro-derecha/centro-izquierda. Valparaíso se ha erguido como modelo de democracia ciudadana y ha demostrado al resto del país la relevancia que pueden alcanzar las candidaturas a cargo de elección popular forjadas desde la comunidad.
Con justificada alegría el alcalde electo se presentó ante su ciudad, acusando recibo del llamado popular: "Los porteños nos eligieron porque vieron en nosotros la capacidad de tomar decisiones difíciles". Es imposible no darle la razón en una ciudad tan abandonada a su fortuna como Valparaíso.
Entre las muchas decisiones difíciles que deberá abordar el nuevo alcalde se encuentran las relativas a los proyectos de inversión que fueron autorizados por la administración saliente. Y es ahí que la capacidad del alcalde de honrar el llamado popular debe demostrarse en todas sus dimensiones: las decisiones difíciles no son sólo aquellas que borran de un plumazo lo hecho hasta al momento; serán también difíciles las decisiones que opten por la continuidad.
¿Por qué? Porque Sharp, siendo abogado, conoce en detalle los límites que el poder político encuentra en las reglas jurídicas: estas no tienen otro fin que racionalizar y dar cauce al ejercicio de un poder de decisión, muchas veces, discrecional.
El nuevo alcalde conoce bien, asimismo, los valores que el sistema jurídico busca resguardar: la estabilidad de la regulación y la confianza que generan las decisiones de la autoridad, sobre todo, cuando tales decisiones han creado situaciones jurídicas favorables a los ciudadanos.
La racionalidad, previsibilidad y confianza en el actuar de los poderes públicos son los ejes sobre los cuales los administrados decantan sus comportamientos y adoptan sus decisiones. Ir contra dicha confianza, de modo sorpresivo, no haría sino que gatillar las consecuencias que el sistema de derecho prevé para tales situaciones: la responsabilidad del órgano y, en definitiva, de la comunidad que dicho órgano sirve, esto es, la ciudad de Valparaíso.
De esta manera, más allá de los voluntarismos políticos, de los llamados a dar golpes de timón en la conducción de la Municipalidad -los cuales, sin lugar a dudas, son necesarios- el neoelecto alcalde, al adoptar las decisiones difíciles que está llamado a hacer, debiera considerar los principios generales de nuestro sistema de derecho público.
Por ello, en esta nueva etapa política de la ciudad, la administración municipal debiera, a toda costa, evitar incurrir en situaciones que, lesionando la confianza, la previsibilidad y la certeza de las situaciones jurídicas creadas al amparo del ordenamiento jurídico, pudieran hacerla incurrir en responsabilidad por la alteración de las mismas.
Martín Loo Gutiérrez
Profesor de derecho administrativo, PUCV