Claudio Ramírez
"Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno que nos llame a negociar seriamente y que logremos un acuerdo que se plasme en un proyecto de ley", comenta el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), Marcelo Reyes, respecto a las condiciones para levantar el paro que el gremio anunció para el próximo 23 de noviembre.
Una movilización que tiene varias aristas, según comenta el dirigente, que se remontan a los acuerdos logrados en mayo de 2015 cuando se produjo la última movilización del gremio. "(El Gobierno) Se comprometió a que en el 2018 íbamos a tener 2.300 funcionarios y de ellos, 1.700 iban a ser funcionarios de planta subiendo de los actuales 1.290. Eso tiene que transformarse en un proyecto de ley en el cual tiene que ir definido cuál va a ser la estructura de la planta, es decir, cuántos fiscalizadores, técnicos, administrativos, directivos y el grado de cada uno de esos cupos de escalafón", dijo Reyes.
Precisamente en ese punto destaca que hay distancia con el Gobierno. "La gran diferencia tiene que ver con recursos, ellos proponen una planta principalmente con grados bajos y nosotros planteamos una que va más acorde a una distribución más pareja, en cuanto a los grados a los que puedan optar los funcionarios", precisó.
Faltan medidas
El directivo también criticó la falta de mecanismos tendientes a fortalecer las funciones del servicio. "Con la llegada del nuevo director nacional se han venido sucediendo una serie de situaciones al interior y todas las medidas que se están haciendo hoy no apuntan en nada a lo que es potenciar la fiscalización y el control que nosotros ejercemos sobre las mercancías, sino que van en sentido contrario en el sentido de darle mayores facilidades y menos fiscalización a los empresarios", recalcó.
También denunció que funciones que son propias se están entregando a otras entidades y también a privados. "Por ejemplo en el caso de las fronteras terrestres, donde se está trabajando al interior del servicio, en conjunto con la Aduana argentina, de entregar el control de los vehículos que ingresan al país a la PDI. En los puertos marítimos se mantienen los mismos funcionarios del puerto despachando las mercancías y eso es algo que le corresponde a Aduanas", comenta.
Otro de los puntos que provocan la movilización apuntan al proyecto de modernización y ante el cual, la Anfach le ha pedido al Ejecutivo que retire la iniciativa del Congreso. Esto, entre otros puntos, porque el gremio considera que potencia el contrabando.
Críticas al proyecto
"Le hemos pedido al Gobierno que detenga su tramitación ya que no es bueno ¿Por qué? Porque incluye temas como que las empresas courier en Santiago van a hacer casi la misma labor que un agente de aduana. También está la figura del operador económico autorizado que abre espacios respecto a cómo se van a fiscalizar las mercancías, por lo mismo tememos que se abra una puerta al contrabando", enfatiza el presidente de la Anfach que señala que eso va en contra de los que debe buscar el servicio.
"Lo que tiene que hacer el Gobierno es controlar y fiscalizar más para evitar el contrabando y la evasión tributaria, y ninguna de las medidas que se han tomado en la Aduana apuntan a eso", subraya Reyes, que además criticó el proyecto denominado Sistema de Comercio Exterior (SICEX) el que, según comenta, no ha supuesto ningún efecto para la actividad comercial.
"Este proyecto no ha traído ningún beneficio a la Aduana y al comercio exterior, y los recursos que se han gastado, alrededor de US$ 21 millones, han sido prácticamente botados, porque no lo usa nadie", concluyó el dirigente que advirtió que la continuidad del paro -a partir del 23- será evaluada "día a día".
"Todas las medidas que se están haciendo hoy no apuntan en nada a lo que es potenciar la fiscalización y el control"
Marcelo Reyes, Presidente de Anfach"
