Grupo que llamó a derribar muro dice que tomará acciones contra Portoalto
CONCÓN. Afirman que trabajan con abogados en recurso para evitar nuevo cierre en Los Lilenes.
El anuncio de acciones judiciales y administrativas dado a conocer a este Diario por representantes legales de la Sociedad Inmobiliaria Portoalto Ltda., tras la demolición del muro en la playa Los Lilenes, de Concón, y la paralización ordenada por la Dirección de Obras (DOM) del municipio conconino en el terreno privado del balneario, gatillaron una dura reacción por parte del grupo "No a la Termoeléctrica Aconcagua", que llamó en vísperas de Navidad, el 24 de diciembre pasado, a demoler la estructura.
Un vocero de la agrupación que realizó la convocatoria a través de redes sociales, quien prefirió reservar su identidad, adelantó que tal como lo dio a conocer la empresa, el grupo ciudadano también presentará acciones judiciales en contra del privado.
"Queremos presentar una querella en contra de la inmobiliaria por contaminación y destrucción del medioambiente en la playa por construir ese muro de manera ilegal, sin permiso. Y adicionalmente estamos analizando la posibilidad de apropiación indebida de bienes nacionales", argumentó el representante de la organización, quien reconoció que asistió a la convocatoria, pero no participó de la demolición del polémico muro.
Para la presentación de las acciones legales, dijo el representante del grupo, "tenemos dos abogados que están con nosotros y ellos respaldan nuestro punto de vista de que es un bien ciudadano que la playa sea de uso público, tal como ha sido siempre, y no puede llegar una personas ahora a decir: 'Este derecho es mío y lo voy a desarrollar'. No ejercieron su derecho antes y lo perdieron, se lo cedieron a la ciudadanía".
La opinión del organizador de la convocatoria "Los Lilenes: Demolición Muro Ilegal" difiere completamente de lo expresado por los representantes de la empresa, que afirman que el terreno, dados los deslindes establecidos por la Armada, es privado. Al contrario, para el grupo la construcción del cierre perimetral en Los Lilenes no es más que un acto ilegal."Uno puede caminar por la playa y ver a gente haciendo uso público de ella. Esto ha sido así por 100 años o más y estas personas (la firma inmobiliaria) están usando como argumento que ellos tienen una escritura del año 30, donde se delimitan los bordes de la propiedad", expuso el vocero.
Agregó que "existe una figura legal que dice que si la ciudadanía chilena, el país, ha estado ejerciendo su derecho público de usar la playa por más de 100 años, ese bien, por la naturaleza del derecho, pasa a ser un bien de uso público".
Y subrayó que por esta condición "el Fisco en algún minuto debería haber tomado posesión de esta playa de manera legal, pero nunca se hizo cargo porque era evidente que la playa era pública y nunca había existido algún problema".
¿Actuaron bien al demoler la estructura? Para los organizadores de la convocatoria la respuesta es clara: el accionar está totalmente justificado.
"Nosotros actuamos en defensa del país, no estamos actuando por instituciones privadas o intereses personales, estamos defendiendo el derecho a usar la playa porque es un bien público. Las personas se expresaron así porque se sintieron pasados a llevar, ellos harían lo mismo si la comunidad interviene en un terreno privado".
Menos contestataria fue la respuesta que dio el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, ante el anuncio hecho por los representantes de Portoalto Ltda. sobre la presentación de un reclamo de ilegalidad contra la orden de paralización decretada el 22 de diciembre.
Para Sumonte, la acción de la Sociedad Inmobiliaria "es parte de las atribuciones que tiene la empresa. Esto llegará como notificación a la Dirección de Obras, no hemos recibido nada aún y cuando sea recepcionada serán revisados los argumentos. Por ahora, nosotros no tenemos toda la información, así que mantenemos nuestra posición en términos de requerir información a la Seremi de Bienes Nacionales y la Armada. Y mientras no se compruebe que ese muro está construido en terreno privado se mantiene la decisión de la DOM". Acá se busca, dijo Sumonte, aclarar la situación y dar seguridad a la comunidad.
Además, el alcalde cuestionó el actuar del grupo de aproximadamente 20 personas que derribaron el muro. "Entiendo la reacción de la gente, pero no la comparto", aseveró.
La visión del jefe comunal fue respaldada por ediles conconinos. La concejala María José Aguirre (Evópoli) precisó que "considero fundamental el pronunciamiento de la Armada sobre la clasificación de baja y alta marea para saber si donde se construye el muro es un bien de uso público o no. Personalmente, pedí en el Concejo un informe jurídico sobre la legalidad y tras eso nosotros vamos a aplicar Ley Lorca".
El edil Marcial Ortiz (DC) puntualizó que "la paralización del municipio es justificada porque no existen razones para que en ninguna parte de la playa vengan a instalar un muro por muy privado que sea".
En tanto, desde la empresa Portoalto recalcaron que la querella y el recurso de ilegalidad corresponden al resguardo de la propiedad privada. "Es importante que el propietario ejerza este derecho para no vulnerar la legalidad y validez del cierre perimetral del terreno", argumentaron desde la Sociedad Inmobiliaria.
"La justificación para paralizar la obra es porque no tenemos claro si está o no en terreno privado y también por seguridad"
Óscar Sumonte, Alcalde de Concón"