El año 2016 será recordado por los lamentables hechos que afectaron a niños, niñas y jóvenes de nuestro país en diversos ámbitos. Sin lugar a dudas, situaciones gravísimas que acapararon la agenda mediática y fueron tema de debate en las esferas públicas y privadas. En el transcurso del año conocimos con tristeza de infanticidios, niños víctimas de violencia doméstica, delincuencia e incluso excesos policiales. Aún más grave fue la situación que se conoció tras el fallecimiento de Lissette en un centro de administración directa del Sename, que dio cuenta de la muerte de 865 niños, niñas y adolescentes a cargo de este servicio, considerando las residencias de administración directa, las de organismos colaboradores, los programas ambulatorios y el área de jóvenes infractores de ley.
Y como si todo esto fuera poco, finalizando el 2016 se conoce el caso de Alan, un niño de sólo 13 años que fue torturado y asesinado luego de ser acusado de supuestos abusos sexuales contra una niña. Indagando en su historia, se pudo comprobar las múltiples carencias que vivó durante su infancia, sobreviviendo a veces en la calle y con una familia que no tuvo los medios para hacerse cargo de él adecuadamente.
Esto nos debe hacer reflexionar como país y finalmente coincidir en una causa común: los niños no pueden esperar. No deben ser considerados como "el futuro", por el contrario, es hoy cuando requieren de nuestra protección y cuidado. Por décadas se ha dilatado la dictación de una ley que establezca una sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y jóvenes, un compromiso que Chile asumió en 1990 cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño.
Es un tema que requiere urgencia y voluntad política real más allá de los discursos o retóricas populistas que buscan utilizar el tema de la infancia vulnerada para sacar algún rédito a corto plazo a la espera que otro tema acapare la atención mediática. De igual manera, resulta inconcebible que en este contexto de carencia los recursos destinados a la protección y reparación de los niños y niñas que han sufrido vulneración de sus derechos no se incrementen en la medida necesaria y, peor aún, se mantengan millonarias deudas con las instituciones colaboradoras de Sename, que han atendido a niños y niños por orden de los tribunales más allá de su cobertura.
Para el año 2017 esperamos que Chile cuente con una Ley de Protección Integral a la Niñez, que se cuente con el defensor de la Infancia, que se genere un servicio público especializado en la atención de los niños vulnerados en sus derechos junto a un servicio dedicado al trabajo con los jóvenes en conflicto con la justicia y que se modifique la ley de subvenciones que regula el financiamiento a la infancia. Esperamos también que las autoridades políticas, los jueces, los futuros candidatos presidenciales, la sociedad civil y cada uno de nosotros nos comprometamos en esta causa que lleva demasiados años esperando. Terminó la hora de los discursos, las palabras deben dar paso a la acción.
Iván Zamora Zapata
Director ejecutivo ONG Paicabí