Katherine Escalona M.
Opiniones distintas son las que tienen los parlamentarios por Concón respecto a la situación que aqueja nuevamente al Santuario de la Naturaleza de las dunas. Esto porque los diputados Rodrigo González (PPD) y Osvaldo Urrutia (UDI) discrepan frente a la decisión que tomó la empresa dueña de las dunas, la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. (Reconsa), de demandar al Estado por más de $ 79 mil millones por la expropiación, según el privado, del santuario dunar.
Para González la acción tomada por la empresa denota la falta de responsabilidad social empresarial del privado respecto a las dunas de Concón, mientras que para Urrutia la acción de demanda de indemnización de perjuicios al Estado no es más que un derecho por parte del propietario del campo dunar.
"Creo que la empresa Reconsa se ha sacado la máscara y ha mostrado las garras de una inmobiliaria absolutamente despiadada e inclemente y sin ningún grado de consciencia y responsabilidad social. Exclusivamente sigue sus intereses particulares y no tomó en cuenta, en absoluto, los intereses de la comuna de Concón y del país en la ampliación del Santuario de la Naturaleza", afirmó González.
Según el parlamentario PPD, con esta acción de la empresa "está en juego una lucha profunda entre el interés privado con los intereses generales de la ciudadanía y el país. Es un deber proteger las dunas de Concón que son formaciones geológicas de miles de años y tenemos la obligación de protegerlas. Estudiaremos todos los antecedentes y haremos todo lo necesario para combatir está acción".
Y agregó que "existen antecedentes suficientes para que ese sea un monumento nacional que nunca debió haberse restringido el perímetro del campo dunar que fue, declarado en un momento, completo como un sitio de conservación pero posteriormente, en una época con una decisión nefasta se determinó restringir la aplicación del Santuario de la Naturaleza".
Derecho del privado
En tanto, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), precisó que "está era una acción predecible por parte de Reconsa puesto que esto ha sido una larga negociación con el municipio de Concón, en la cual, ellos se sienten engañados y para lo cual yo creo que es necesario mostrar- sacar a la luz-, el convenio que llegó a acuerdo el propio alcalde con el intendente de la época (Iván de la Maza)".
Acá, recalcó Urrutia, no se respetó el acuerdo de las autoridades con la empresa puesto que se siguió ampliando el Santuario que llegó finalmente a 30,1 hectáreas que es el terreno que hoy exige pagar al Estado Reconsa por no poder edificar en el sector.
Después de eso, afirmó el parlamentario, el municipio gravó el resto de las 20 hectáreas como área verde y esto, dijo, "sin pagar un peso".
"Es razonable lo que han hecho, porque aquí no se han respetado los derechos al propietario que ha visto afectados sus intereses. Reconsa está en todo su derecho, ya que este es un país democrático donde prima la justicia. La legislación dice que si alguien quiere expropiar tiene que pagar por ello y acá no se ha indemnizado", aseveró Urrutia.
Rol del Gobierno en la declaratoria
En lo único que coinciden los parlamentarios es que la participación del Gobierno en el proceso del Santuario de la Naturaleza ha sido "restringido". Para González y Urrutia la situación que hoy sucede con la demanda de Reconsa no es más que una responsabilidad compartida en cómo se han dado los hechos. González afirmó que cuando él fue alcalde de Viña del Mar, de 1996 al 2000, hubo la intensión de declarar todo el paño en protección y luego no se hizo por los intereses inmobiliarios. "Acá no hubo la fortaleza de declarar entero el campo dunar como zona protegida", dijo González.
