En el curso de esta semana, la Municipalidad de Valparaíso debe emitir un informe jurídico sobre el funcionamiento en la ciudad de máquinas electrónicas de juegos. Una entidad que agrupa a 27 empresarios que explotan esos sistemas ha solicitado un pronunciamiento de la Municipalidad que les permita conocer cuál será el futuro de sus negocios, abiertos al público para juegos con dinero.

Al respecto, el abogado Nicolás Guzmán, jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad informó que en la Comisión de Régimen Interno de la Corporación se hizo un "requerimiento formal para que emitiéramos un pronunciamiento acerca de cuál iban a ser el procedimiento y los requisitos para proceder al pago de patentes comerciales de dichos contribuyentes, pues ellos buscan una certeza jurídica para no incurrir en gastos inoficiosos".

En relación al mismo tema, a fines de diciembre pasado la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) emitió un informe señalando que "la Contraloría ratifica que municipios deben solicitar informe a la SCJ para verificar que una máquina de juego no es de azar. En caso que el organismo regulador establezca que se trata de una máquina de azar, la entidad edilicia deberá abstenerse de otorgar la patente solicitada, pues su explotación sería ilegal". Precisando el punto, la SCJ agrega que la Contraloría formuló un dictamen que "clarifica el procedimiento para que los municipios puedan determinar si una máquina de juego es o no de azar, al momento de otorgar una patente".

Está claro entonces que tema se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley 19.995, conocida como Ley de Casinos, su reglamentación y el dictamen de la Contraloría General de la República. Lógicamente dentro de esas normas se deberá pronunciar la Municipalidad de Valparaíso en una materia que supone una actividad comercial en desarrollo donde hay diversos niveles de inversión. Pero el tema no se agota en lo económico y lo tributario, pues también tiene alcances sociales, de seguridad y salud pública que interesan a todos los sectores de la comunidad.

Es positivo que el comercio que explota estas máquinas busque una formalización de su actividad mediante una patente municipal, lo cual conlleva el pago de impuestos, pero ello debe concretarse, como se dijo, dentro de las normas vigentes que, por cierto, serán parte del pronunciamiento municipal y se suponen conocidas por los empresarios del rubro.

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