Alexis Paredes R.
Durante la exposición con que inauguró el año académico 2017 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, abordó el tema de la corrupción que en nuestro país está afectando a distintos estamentos del aparato público, apuntando a las bajas penas que contempla el ordenamiento jurídico como uno de los factores que afectan la ética y la probidad, tanto dentro del Estado como en diversos ámbitos del diario vivir.
El también docente de esa casa de estudios afirmó que "lo que entendamos por corrupción pública va a ser fundamental para poder establecer mecanismos que permitan luchar en contra de ella"; sin embargo, recalcó que la "levedad de las sanciones" es un tema que debe ser aspecto que incide en un mayor número de casos.
En esta materia, el abogado argumentó que "por mucha connotación que tengan los delitos contra la propiedad, afectan sólo a una persona, por lo tanto, son mucho menos relevantes. El problema que tenemos es que los ilícitos de corrupción, en nuestro Código Penal, son ilícitos que se denominan de cuello y corbata, por lo tanto, las penas que tienen son muy bajas, incluso algunos de ellos, en el caso del enriquecimiento ilícito, ni siquiera tienen pena privativa de libertad, simplemente una inhabilitación para desempeñar cargos públicos o multas".
En directa alusión al fiscal nacional, Jorge Abbott, y el fiscal regional, Pablo Gómez, además de funcionarios policiales presentes en la clase inaugural, el contralor aseveró que "me imagino que debe ser un poco frustrante, cuando uno hace todo el esfuerzo, pone delante del juez a quien ha perseguido -los delitos de corrupción son muy difíciles de investigar, y por supuesto, de acusar-, para que luego tengamos una salida alternativa, tengamos una pena sustitutiva y, en definitiva, hace que nadie pase un día en la cárcel por un ilícito de corrupción".
Bermúdez fue más allá, enfatizando que "el trabajo mal hecho también es una forma en que se presenta la corrupción, y de eso, en este año y tres meses en el cargo, desgraciadamente he visto mucho".
Respecto a otros factores que hacen que la corrupción sea un fenómeno que aparezca más fácilmente, el contralor general se refirió a la complejidad de las tramas, la opacidad burocrática y el transcurso del tiempo.
En relación a la complejidad de las tramas, lo graficó con el sistema de remuneraciones del sector público, existiendo distintos estatutos regulatorios hoy vigentes, que tienen además sus propias modificaciones.
"El cálculo de las remuneraciones en el sector público es una verdadera ciencia oculta. No nos llama la atención que el fraude en Carabineros haya sido por el lado de las remuneraciones, porque nadie sabe calcularlas, es muy fácil que hayan errores, y esa complejidad en la trama facilita que aparezcan fenómenos de corrupción".
Bermúdez también se refirió al caso de las pensiones en Gendarmería, que estalló a mediados del año pasado, que implicó al ente contralor revisar las leyes que regulan los sueldos en dicha institución que permiten calcular la jubilación.
Se constató que, del año 2007 al 2015, se habían dictado 8 a 9 leyes especiales para la entidad, las cuales "eximen de requisitos para avanzar en la pensión, establecen asignaciones que son discrecionales de la autoridad y eliminan requisitos de años para acceder a grados superiores".
En una apreciación que recalcó como "personal", el contralor apuntó que "cuando un sindicato tiene armas es difícil negociar con ellos, no pueden haber asociaciones de funcionarios donde se maneja la fuerza pública. Ahí tenemos las consecuencias, pensiones que se pagaban por $5 millones".
Otro factor que favorece la corrupción, subrayó el personero, tiene relación con la opacidad burocrática, ejemplificándolo con la Ley del Cobre, ya que "lo que hace esta ley es excluir de controles. La ley se publicó el año pasado y todavía no nos ha invadido nadie. La conclusión que uno tiene que sacar es, en realidad, que ahí se excluyen los controles, como el de Contraloría, eso es lo que provocan leyes que eran secretas".
El transcurso del tiempo también favorece la corrupción, ejemplificándolo con la prescripción de la responsabilidad administrativa, que se puede hacer efectiva mediante procedimiento disciplinario. Para el caso de los funcionarios civiles prescribe en 4 años, en caso de las Fuerzas Armadas en 2 años y, para Carabineros, en 6 meses.
Ante esta disparidad de plazos, Bermúdez apuntó que "cómo puede ser que una falta administrativa prescriba en 6 meses, no es nada. En 6 meses ni siquiera se ha dictado la resolución de inicio del procedimiento disciplinaria. Evidentemente que esto clama al cielo que haya una modificación para que todos tengan el mismo plazo de prescripción, si es que quieren que organismos de control, como la Contraloría, efectivamente puedan hacer algo. Cuando el transcurso del tiempo dificulta la persecución de estos ilícitos, por su puesto uno tiene que tomar otras medidas".
Con respecto a las bajas penas para perseguir los delitos de corrupción, cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reconoce que "hay un desequilibrio en la penalidad" para el caso de delitos que afectan a la probidad, que afectan a "muchísimas personas", en relación a aquellos delitos que afectan a sólo un individuo.
"Existen conductas que son muy lesivas porque afectan a mucha gente o involucran muchos recursos y otros, que en verdad son de menor gravedad, que tienen la misma mena. Hay algunas tan importantes que ni siquiera tienen penas privativas de libertad, sino que simplemente algunas inhabilidades o multas, como son las negociaciones incompatibles", sentenció el jefe del Ministerio Público.
La autoridad apeló a que "si no somos capaces de tener una educación y valores fuertes en nuestras instituciones, ocurren situaciones como las que estamos viendo hoy día en algunas entidades, que son muy apreciadas por la sociedad chilena y que han provocado un gran impacto dentro de la comunidad".
"Hay un desequilibrio de penalidad entre distintas conductas, algunas muy lesivas porque afectan a mucha gente y otras de menor gravedad que tienen la misma pena"
Jorge Abbott, Fiscal nacional"
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