Alexis Paredes R.
La fallida licitación del hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego que el segundo proceso para iniciar obras se declaró desierto debido a que las siete empresas postulantes no cumplieron con los antecedentes exigidos en las bases, desencadenó una serie de críticas a la gestión del director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Dagoberto Duarte. Parlamentarios de todos los colores partidistas apuntaron a responsabilidades políticas por la caída de este segundo proceso, cuya construcción es parte de los compromisos presidenciales.
No obstante los duros reproches que apuntan al fracaso en la gestión, el doctor Duarte resalta que el proceso para construir el nuevo hospital, que implica una inversión de $ 95 mil millones, se ha ceñido a lo establecido en la Ley de Compras Públicas: "Aquí uno no pueden hacer las cosas a su antojo, existe una normativa y unas bases que regulan el proceso; por tanto, uno no puede llegar y adjudicar a cualquier empresa".
-¿Por qué finalmente se declaró desierta la licitación?
-El examen de los antecedentes aportados por los siete oferentes demostraron que ninguno de ellos cumplía con la totalidad de lo que se pide de acuerdo a las bases. Detectamos que todas las empresas tienen obras en ejecución, para lo cual deben presentar un certificado de esas obras, que nos permite calibrar su capacidad económica. Sin embargo, seis no presentaron todos los certificados de estas obras, con lo cual quedan fuera de base. Lo otro es la experiencia de los profesionales que ellos plantean van a trabajar en el proyecto, donde no siempre los antecedentes que entregan permiten concluir que efectivamente cumplen con la experiencia que solicitan las bases, que fue el mismo tema por el cual Contraloría nos rechazó la adjudicación de la primera licitación. Si sabíamos que era así, no tenía sentido seguir adelante con el proceso.
-¿Cómo evitar que los procesos administrativos sigan entrampando el nuevo hospital?
-Como Servicio de Salud estamos muy interesados en que este proceso se pueda licitar y hacer de buena forma. El problema es que si nos presentan ofertas que son incompletas o que no cumplen con los requisitos exigidos por las bases, no podemos seguir adelante. El llamado es a las empresas, que revisen bien los antecedentes que entregan, porque además no podemos decirles que hagan las correcciones, eso está prohibido por las mismas bases y nos acusarían de falta a la probidad inmediatamente.
-¿Entonces cómo resolver esta situación para que no vuelva a pasar en un tercer proceso?
-Estamos en conversación con el ministerio para ver cuál será la alternativa que vamos a usar, tratando de buscar una solución dentro de la Ley de Compras Públicas, que nos asegure un proceso más limpio, más transparente y más rápido. La subsecretaría envió a Contraloría una modificación de las bases, que permite resolver algunos puntos que eran muy difíciles de cumplir por las empresas. Con esa modificación el proceso se podría llevar de mejor manera, además existen otras alternativas que se están evaluando, como son la licitación privada y el trato directo, que en ningún caso es elegir a una empresa a dedo, porque todo se hace vía Mercado Público.
Solicitudes de renuncia
-¿Cómo lo afectan a usted las solicitudes de renuncia y acusaciones de responsabilidad política?
-Obvio que generan ruido. Si fuera responsabilidad nuestra yo entiendo que uno debe asumir sus propias responsabilidades. Aquí son las empresas las que entregaron mal sus antecedentes, entonces qué responsabilidad tenemos nosotros en eso. Nosotros debemos asegurarnos que los antecedentes entregados cumplan con las bases, y en eso tenemos que ser muy rigurosos porque ya nos pasó la vez pasada, en que hicimos la presentación a Contraloría y porque había una pequeña diferencia nos rechazó la adjudicación. El hecho de que estén pidiendo la renuncia de la dirección de servicio, de la subsecretaria o de la ministra, la verdad es que no la entiendo. Me llama la atención que algunos dirigentes políticos ni siquiera conocen bien las bases, no sé si ellos conocen cómo funciona la Ley de Compras Públicas.
-¿Le duele que camaradas suyos como los diputados Torres y Cornejo se sumen a las críticas?
-Más que militante yo soy funcionario público y como tal debo regirme por la Ley de Compras Públicas, por las bases, por las instrucciones que provienen del ministerio y por un compromiso presidencial de llevar esto adelante. Ese es mi afán y que la comunidad de San Antonio pueda ver que efectivamente este proyecto se pueda empezar a cumplir, en eso hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo.
-¿El compromiso presidencial está en riesgo dado que se ha ido retrasando el proceso?
-No está en riesgo porque están los recursos disponibles, está la voluntad de hacerlo y nadie ha dicho que no se va hacer, el compromiso se va a cumplir. Estamos conversando con la subsecretaría y el ministerio para ver cuál de las alternativas vamos a usar, cada una tiene sus complejidades, y se cumpla con los criterios de transparencia. Si decidimos una alternativa pronto (licitación privada o trato directo), se lanza el proceso y podríamos terminarlo este año. Haremos las consultas a Contraloría para ver qué tan factible es una u otra alternativa. Creo que deberíamos partir con obras durante el último trimestre de este año, con el proyecto entregado a una empresa para que comience a trabajar.
"Son las empresas las que entregaron mal sus antecedentes, qué responsabilidad tenemos nosotros en eso. Debemos asegurarnos que los antecedentes entregados cumplan con las bases""
"Aquí uno no pueden hacer las cosas a su antojo, existe una normativa y unas bases que regulan el proceso; por tanto, uno no puede llegar y adjudicar a cualquier empresa""