El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, expresó la preocupación del Gobierno frente a dictámenes de la Contraloría General de la República que apuntan a parte de la gestión de Codelco. El secretario de Estado reforzó la idea de que recientes dictámenes del órgano fiscalizador significan un "cambio de interpretación" en la fiscalización histórica a la cuprera estatal.
"Como Gobierno estamos preocupados y ocupados de que las empresas públicas mantengan siempre en Chile una gestión proba eficiente y eficaz. Pero al mismo tiempo, en los últimos meses la Contraloría ha tenido una serie de pronunciamientos que cambian significativamente la interpretación que existía hasta ahora de varios aspectos que tienen relación a cómo es una buena administración de las empresas públicas", dijo el jefe de las finanzas públicas.
El órgano fiscalizador cuestiona que, en algunos contratos, la principal empresa del Estado se aleje de las normas de la Ley de Compras Públicas y su gobierno corporativo utilice el modelo de sociedades anónimas. La Contraloría inició una indagatoria por la indemnización de $ 521 millones al dirigente sindical y ex director de Codelco en representación de los supervisores, Augusto González, como incentivo de retiro, además de un contrato con la empresa Hatch por $ 31 mil millones, cuyo representante legal tiene un parentesco con un gerente de la estatal.
Valdés manifestó que desde el Gobierno pidieron a la Contraloría "que clarifique un conjunto de situaciones que a nuestro juicio ponen en riesgo una adecuada administración de las empresas públicas".
Si bien el titular de Hacienda reconoció una buena disposición en el contralor Jorge Bermúdez para conversar, enfatizó que "creemos que es necesario clarificar mejor una serie de aspectos que aún no parecen suficientemente claros". Agregó que "se empieza a instalar un escenario de incertidumbre en la administración superior de varias de estas empresas respecto, por ejemplo, de sus facultades, hasta dónde llegan, lo que evidentemente puede impactar su buen funcionamiento". El secretario de Estado añadió que "comprendemos la preocupación de los directorios y vamos a apoyar las medidas que consideran apropiado. Esto incluye, si fuera necesario, que estos temas sean resueltos por los tribunales de justicia".