Una nueva institucionalidad portuaria
El respaldo transversal de diputados y senadores a la propuesta de contar con una ley de puertos, que busca dejar un porcentaje de sus ingresos en los territorios donde estos se localizan, es una noticia importante para mejorar las condiciones económicas de comunas generalmente pobres y con alta cesantía. El caso de Valparaíso es emblemático en este sentido, y quizás esa sea la razón de porque una ley que beneficiaría a comunas portuarias a lo largo del país, nazca aquí. Sin embargo, para abordar efectivamente el problema de la relación entre ciudad y puerto, conflicto evidente, esta discusión debiera acompañarse además de otras medidas.
Una de las particularidades de esta región es que dos empresas del Estado, los puertos de Valparaíso y San Antonio, compiten entre sí para obtener un desarrollo aparentemente ventajoso. Una competencia ficticia en términos prácticos, ya que ambas empresas responden al mismo dueño y sus directorios son designados por la misma institución, el Sistema de Empresas Públicas. Esta situación ha terminado incentivando la indefinición por casi una década sobre la ubicación del Puerto a Gran Escala, y a su vez que se impulsen licitaciones sin tener los antecedentes técnicos suficientemente maduros, con el objetivo de adelantarse a la otra empresa estatal. Un ejemplo de esto último es el Terminal 2, que para acortar sus plazos se licitó sin tener una evaluación de impacto ambiental que asegurara su viabilidad. Sin embargo, quienes efectivamente debieran competir entre sí son los terminales portuarios, operados por privados, ya que para las empresas navieras les es indiferente, desde el punto de vista económico, recalar en Valparaíso o en San Antonio.
Entendiendo la complejidad de la infraestructura que requieren los puertos, así como necesidades de conectividad, servicios de respaldo, etc., se necesita una institucionalidad que permita contar con miradas estratégicas y de largo plazo, desde el punto de vista territorial, económico y social. Ya se ha ido instalando, por ejemplo, el principio de "sistema de puertos" para entender el Puerto de Gran Escala en la región, sin embargo, la institucionalidad actual no da cuenta de ello. En ese sentido, integrar a Valparaíso y San Antonio como una sola empresa estatal permitiría abordar muchos de estos problemas de una manera más eficiente para los intereses del país y de las comunas que los acogen, y a su vez distribuir la contraparte privada en un mayor número de operadores portuarios, reduciendo los riesgos de conflictos como el caso de las cargas limpias.
Una medida de este tipo, acompañada con una redefinición en el nombramiento de quienes componen los directorios de las empresas portuarias, donde exista presencia local y regional, como también de los ministerios claves en sus decisiones, Economía, Obras Públicas y Transporte, permitirá sin duda hacer frente en mejores condiciones a los desafíos de los puertos y de las ciudades que los acogen, con una gestión pública más eficiente y con menos incertidumbre, que en la actualidad.
Juan Carlos García Pérez de Arce
Exdirector de la Empresa Portuaria de Valparaíso