El espectáculo vivido el martes 4 de julio en la Cámara de Diputados es propio de un relato de García Márquez. Pocas veces nuestra democracia ha sido tan humillada como lo fue la semana pasada y, lo que es peor, en medio de todo este circo, con el respeto que merece esta noble actividad, están los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestra sociedad.
Es un deber moral y jurídico del Estado dar protección a todos los niños, niñas y adolescentes. El estándar mínimo viene dado por la Convención Sobre los Derechos del Niño. ¿Cumple el Estado de Chile este estándar? Desde luego que no y la crisis del Sename es una prueba de ello.
Ahora bien, en relación con la precariedad del Sename, tanto en sus aspectos estructurales como funcionales, existe una responsabilidad que traspasa generosamente al Gobierno de la Presidenta Bachelet, en otras palabras, la forma como Chile ha enfrentado sus obligaciones para con nuestros niños y sus familias es responsabilidad del Estado, y cuando hablo de Estado me estoy refiriendo a todos los poderes públicos, principalmente al Legislativo y al Ejecutivo. Y específicamente, no sólo el Gobierno de Bachelet ha fallado, también lo hicieron todos los gobiernos democráticos. Aclarado esto, corresponde señalar enfáticamente que sí es responsabilidad del Gobierno de la Presidenta Bachelet lo que sucede durante su mandato, por lo mismo cuesta mucho entender el blindaje político a Javiera Blanco (posiblemente una de las ministras más cuestionadas por la opinión desde el retorno a la democracia) y la forma cómo se ha buscado impedir que se investiguen las responsabilidades que constituyen la esencia de un Estado de Derecho.
Pero el espectáculo no termina con el pirotécnico despliegue de ministros en la Cámara de Diputados para convencer a parlamentarios oficialistas que votaran en contra de la aprobación del Informe Sename II, sino que sigue con la lastimosa defensa corporativa que hicieron estos parlamentarios y parlamentarias de una cuestión que a ojos de la ciudadanía no merece mayor análisis: es necesario investigar y determinar responsabilidades.
El tema central hoy debe ser el bienestar de los niños, niñas y adolescentes "amparados" al alero del Sename. Lamentablemente, ellos han sido las víctimas de una de las más deplorables prácticas políticas, como es poner intereses partidistas y personales por sobre el interés general. En un mundo ideal, donde el poder ciudadano hiciera efectivas las responsabilidades políticas en las urnas, varias de estas autoridades "honorables" tendrían que pagar un precio muy alto por prácticas como las vividas la semana pasada: no contar nunca más con nuestra confianza. Esperemos que todas las personas que nos hemos sentido indignadas por todo lo vivido no nos olvidemos el día de las elecciones y castiguemos con nuestro voto la indecencia en la política. Sólo así podemos comenzar a rescatar nuestra democracia.
Jorge Astudillo Muñoz
Profesor Derecho Constitucional, U. Andrés Bello Viña del Mar