Cristián Rodríguez F.
De dulce y agraz. Así fueron los últimos dos fallos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que involucran a la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien la semana pasada decidió renunciar a Amplitud a propósito de las acciones judiciales que la afectan.
Casi en paralelo, el tribunal de alzada porteño resolvió, primero, dejar sin efecto la orden de arresto que hasta hace unos días pesaba en su contra por el no pago de una indemnización a un exfuncionario municipal. Y segundo, se le ordenó a la actual administración revocar un decreto alcaldicio que prohibía grabar y fotografiar, entre otras cosas, las sesiones del Concejo Municipal si es que no se contaba con una autorización previa.
Concejo "privado"
Este último recurso había sido presentado por los concejales Ferdinan Gachón y Johao Marchant luego que la administración de la alcaldesa Osorio -en mayo de este año- declarara como "recinto municipal de acceso restringido" la mayoría de las dependencias administrativas, entre ellas el edificio consistorial. De hecho, en el decreto se establecía el pago de una multa de entre 50 y 500 UTM para quienes tomaran y reprodujeran imágenes sin un permiso de la municipalidad.
El abogado de la actual administración, Alejandro Borbarán, explicó a este Diario que la medida se adoptó dado que "se ha transformado en una costumbre el hecho de grabar sin autorización y utilizar ese material para realizar caricaturas de la alcaldesa y los funcionarios municipales, injuriándolos y denostándolos públicamente, principalmente a través de las redes sociales".
Pese a ello, la Corte regional decidió acoger el recurso y ordenó dejar sin efecto la polémica resolución, advirtiéndole al municipio que dicha medida se podría adoptar sólo a través de una ordenanza municipal, pero no un decreto. Para Borbarán, esa alternativa puede ser viable siempre y cuando el Concejo esté de acuerdo en aprobarla, lo que él ve con poca esperanza (ver recuadro).
"Eso significa contar con el acuerdo de todo el Concejo Municipal y no estoy muy seguro que esté dispuesto a regular esta materia", dijo el abogado municipal, agregando que a raíz de lo mismo decidieron apelar ante la Corte Suprema.
Cancelan arresto
El eventual rechazo que el abogado proyecta por parte de los ediles de Nogales se explica dado los últimos encontrones que han tenido con la alcaldesa. Uno de los más recordados fue el que protagonizó el concejal Marchant, quien terminó denunciando a la jefa comunal por supuestas agresiones durante una sesión del Concejo.
Lo anterior corresponde sólo a una de las acciones judiciales que mantiene Osorio. En otra, la Corte también emitió en los últimos días un fallo, esta vez en favor de la autoridad comunal: por considerarla ilegal, el Tribunal dejó sin efecto una orden de arresto que existía en su contra luego que el municipio no cancelara los cerca de $5,5 millones de indemnización a Óscar Calderón.
Junto con agradecer el fallo, la alcaldesa explicó que el arresto era injusto puesto que su administración sí estaba dispuesta a pagar la compensación económica y que fueron cuatro concejales los que la rechazaron. "Mi estilo siempre ha sido actuar conforme a la ley. Estoy feliz porque el arresto lo consideraba una injusticia hacia mi persona. El que nada hace, nada teme", dijo Osorio.
En tanto, el abogado municipal adelantó que se está analizando el mejor mecanismo para cancelar lo antes posible la indemnización y que no sea rechazado nuevamente por los ediles. "Estábamos explorando la posibilidad de un trato directo, pero la alcaldesa podría ser acusada ante la Contraloría. Lo ideal es que este tema quede cerrado lo antes posible", sostuvo Borbarán.
"(La prohibición se adoptó porque) se ha transformado en una costumbre utilizar las grabaciones para realizar caricaturas de la alcaldesa"
Alejandro Borbarán, Abogado municipal"
"Mi estilo siempre ha sido actuar conforme a la ley. Estoy feliz porque el arresto lo consideraba una injusticia hacia mi persona"
Margarita Osorio, Alcaldesa de Nogales"
Concejal descarta aprobar ordenanza
El concejal Johao Marchant, quien presentó el recurso para levantar la prohibición de grabar las sesiones del Concejo, valoró el fallo de la Corte porteña y comentó que "era una medida arbitraria y se estaba atentando contra la libre expresión, sobre todo porque cuando la alcaldesa llegó dijo que la municipalidad iba a tener sus puertas abiertas para todos". En cuanto a una eventual ordenanza que mantenga la prohibición, el edil agregó que "no la aprobaría porque en lo que no estamos de acuerdo es en el fondo del asunto, no la forma".