Fiscalía indaga eventual fraude en la rendición y ejecución de Fondos para la Competitividad
VALPARAÍSO. Auditoría de la Contraloría a proyectos FIC aprobados en 2015 arrojó graves anomalías e irregularidades por más de $ 90 millones. UNAB es investigada por gastos no acreditados, adulteración de boletas y doble rendición de facturas.
Durante las últimas semanas la Brigada de Delitos Económicos de la PDI inició indagatorias en distintas reparticiones de la Intendencia de Valparaíso, luego que el informe final 245/2017, emitido por la Contraloría Regional, detectara diversas irregularidades y hechos que podrían ser constitutivos de delito, en la rendición de gastos y desembolsos realizados por universidades y entidades favorecidas con la adjudicación de proyectos concursables del denominado Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R), financiado con recursos del Gore.
La causa está caratulada como fraude de subvenciones estatales y los montos cuestionados por el órgano contralor superan los 90 millones de pesos; sin embargo, los casos más graves apuntan a la adulteración de boletas, rendición de una misma factura en más de una ocasión y millonarios pagos por asesorías a personas que desconocen haber trabajado en los proyectos, además de rendiciones de cuentas respaldadas con fotocopias.
Las anomalías derivaron además en una auditoría por parte del Gobierno Regional, cuyos resultados fueron derivados al Ministerio Público, ante la eventual emisión de boletas "ideológicamente falsas" y una posible estafa.
Análisis
La Contraloría auditó los recursos transferidos en 2015 por el Gore, tomando en cuenta la relevancia de los montos involucrados e impacto de los programas. Ese año el Gore aprobó la ejecución de 18 proyectos a través de este fondo concursable, por un total de $ 2.322 millones, desarrollados entre 2015 y 2016 por entidades como la PUCV, UV, UNAB, Creas, Inia y Fedefruta, entre otras.
Basado en criterios de riesgo y materialidad, se analizaron siete iniciativas de inversiones, por un monto cercano a los $ 900 millones, de los cuales dos corresponden a las Universidad Andrés Bello ($ 260 millones en total); Universidad de Valparaíso ($ 150 millones), PUCV ($ 149 millones), Federación de Productores de Fruta ($ 127 millones), Instituto de Investigación Agropecuarias (INIA, por $ 146 millones) y el Centro Nacional de Estudios de Alimentos Saludables ($ 66 millones).
Caso UNAB
Uno de los casos más graves y producto del cual existe una orden de investigar vigente por parte de la Bridec, que instruyó la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) del Ministerio Púbico, tiene relación con los dos proyectos adjudicados en este proceso a la UNAB. Denominados "Incremento en la competitivad del sector turístico de Isla de Pascua, a través de la creación y oferta de expediciones étnico-culturales basadas en costumbres ancestrales de mujeres Rapa Nui recolectoras de caracoles marinos" y "Cultivo del alga parda de Quintero Puchuncaví: evaluación de la productividad y potencial uso para la biorremediación de metales pesados y compuestos orgánicos".
En el primero de ellos se observa que los respaldos de las rendiciones presentan gastos no acreditados por más de $ 6 millones, de los cuales un 82% corresponden al ítem alimentación, "sin evidencia la actividad que justifica su imputación al proyecto". Se comprobó que una boleta rendida por $ 74.800, fue emitido originalmente por un valor de $ 1.800. Se detecta que un documento de un restaurante de Isla de Pascua fue rendido al Gore por la suma de $ 680 mil, pese a que la prestación corresponde a un valor menor. La rendición de cuenta de gastos por $ 772.053, sólo fue respaldada por fotocopias ante notario, sin que los originales estuvieran en poder de la entidad ejecutora.
También rindieron gastos por $ 99.440 por consumo de bebidas alcohólicas, lo cual no está contemplado dentro de los gastos de operación; además de la rendición de gastos por $ 341 mil pesos entre las 20 horas y 2.21 de la madrugada, lo que supone que "dichos servicios se prestaron a continuación de la jornada laboral".
Pese a que la UNAB entregó un "viático insular" para solventar servicios por gastos menores y de alimentación, el proyecto rindió por este concepto al Gore de Valparaíso un monto de $ 5.560.000, de los cuales más de 2 millones de pesos debieron ser solventados por los respectivos profesionales.
Respecto a la iniciativa "Cultivo de alga parda...", la auditoría detectó que se incluyeron gastos no acreditados por $ 11.739.212, sin presentar el detalle, mientras una factura extendida al sindicato de pescadores y buzos por $916.300 fue rendida en dos ocasiones, dando cuenta además que "el Gore de Valparaíso no adoptó oportunamente las acciones destinadas a cautelar el buen uso de los recursos".
Restituyen fondos
La Universidad Andrés Bello informó que al tomar conocimiento de esta situación adoptó una serie de medidas y entregó su "total colaboración con el Gobierno Regional de Valparaíso, además de abrir una indagatoria interna para conocer en detalle los hechos. La universidad procedió a la desvinculación del encargado del proyecto y a la restitución inmediata de los fondos objetados para ambas iniciativas ($ 16.832.571)". Frente a estos hechos, declaró que "repudia públicamente cualquier hecho ilegal que pudiese causar perjuicio a terceros y a la propia institución, y de constatarse aquello, UNAB tomará las medidas legales correspondientes frente a quien resulte responsable y apoyará toda gestión en el mismo sentido", junto con precisar que ambos proyectos de investigación están "finalizados y sus objetivos cumplidos".
Cuestionan "asesoría"
El resultado de la auditoría también apunta a la rendición por parte de Fedefruta para el "Programa de implementación de buenas prácticas en salud ocupacional para empresas productoras/exportadoras de uva de mesa de las provincias de San Felipe y Los Andes".
Según el informe, Fedefruta subcontrató los servicios de la empresa Ceta Ltda. por $ 6 millones, lo cual no era permitido según una resolución exenta. Además, se incluyeron gastos por "asesoría metodológica" por un monto de $ 4.030.000 a nombre de Jorge Vergara Farías, dueño de Ceta Ltda., el cual "no reconoce haber trabajado para dicho proyecto". A su vez, una auditoría interna del Gore arrojó que dicha empresa proporcionaría facturas a Fedefruta para "respaldar proyectos que deben ser rendidos al Gore", remitiendo los antecedentes a la Fiscalía.
También se cuestiona la autorización del Gore para financiar la adquisición de un vehículo por $ 16 millones con cargo al "Programa de apoyo territorial a pequeños y medianos productores....", ejecutado por el INIA, "sin que se advierta la relación directa con los objetivos del proyecto y con la naturaleza del FIC".
Facturas de la PUCV
La auditoría también apunta que la PUCV y el INIA rindieron gastos de administración por un total $ 14.415.000, con facturas de su propia emisión, "sin contar con especificaciones o documentación que permita comprobar tal erogación". Al respecto, la PUCV respondió que "en Chile, y por ende también en el Gore, no existe un sistema que permita definir estos gastos, salvo en el caso de Fondecyt a partir de este año. La rendición de la PUCV fue realizada como históricamente se hace con todos los proyectos en el país". También se le cuestionan gastos sin acreditar por $ 682.338.
La UV descarta cualquier anomalía
Si bien en la auditoría a los FIC-2015 observa que la UV recibió $ 26 millones por sobre lo que sumaban los ítems del presupuesto para ejecutar el proyecto "Desarrollo de un producto basado...", por un total de $ 123 millones 160 mil pesos, desde la universidad se aclaró que "tras su debida ejecución, arrojó un saldo de dinero no gastado que fue depositado por la UV en las cuentas que el Gore dispone para este efecto. Se trata de un procedimiento regular y que en ningún caso constituye una anomalía por parte de la institución, que desarrolla su labor con transparencia y con estricto apego a la normativa vigente".
"Es de mal gusto que instituciones abusen de fondos que sirven para el beneficio de la región. Esperamos que todas estas irregularidades sean sancionadas"
Ricardo Aliaga, Comisión de Ciencias e Innovación Tecnológica del Core"
"Se procedió a la desvinculación del encargado del proyecto y a la restitución inmediata de los fondos objetados para ambas iniciativas ($ 16.832.571)
Universidad Andrés Bello, Comunicado por los proyectos"
casos por presunto fraude indaga hasta ahora la Bridec de la PDI, tras la orden de investigar de la Fiscalía. 2
entidades, entre ellas tres universidades, fueron cuestionadas en la rendición de los fondos FIC. 5
millones 832 mil restituyó la UNAB, tras ser objetada la rendición de gastos de dos proyectos adjudicados. $ 16