"Esta medida apunta más bien a la necesidad urgente de ingresos económicos"
Marcela Varas
Concejala de Viña del Mar, por implementación de parquímetros en la Población Vergara
"Condicionaré mi votación a la entrega de estos dineros"
Christian Urízar
Diputado PS, por recursos para el Hospital de Marga Marga en la Ley de Presupuesto 2018
El siglo XXI nos presenta enormes y complejos desafíos en todas las dimensiones. Uno de ellos es garantizar a las personas condiciones de vida dignas y acordes con los avances en nuestro país, siempre con el objetivo de disminuir la gran brecha social, económica y cultural que aún persiste.
En ese sentido, la academia tiene un mandato clave en esta gestión, ya que la formación de profesionales no sólo debe enfocarse en entregar conocimientos y competencias laborales, sino vincularse con el entorno social, las personas y comunidades que forman parte de la sociedad para favorecer la formación de profesionales conectados y comprometidos con la realidad país y, así, generar el capital social necesario para el cambio.
Una visión que está tomando fuerza en el mundo como metodología educativa son los programas de aprendizaje y servicio, instancia de colaboración y sinergias entre las universidades, organizaciones sociales y municipios, cuyo foco está puesto en mejorar eficaz y eficientemente las condiciones de vida de las personas, al mismo tiempo que se logra un aprendizaje situado y pertinente por parte de los estudiantes.
Esta metodología ya se está trabajando hace cinco años en UDLA, a través del Programa de Intervención Comunitaria, en el que se ha realizado un profundo cambio en el perfil de egreso de los estudiantes de Salud y Ciencias Sociales para, justamente, hacerse cargo de las realidades y necesidades de la población tanto a nivel de salud como de bienestar general.
Es así como desde 2012, más de 4 mil estudiantes y docentes están trabajando coordinadamente en 37 barrios de la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío con vecinos, 100 organizaciones sociales, 200 dirigentes y autoridades comunales para levantar información respecto a las necesidades de los barrios y, con ello, construir planes barriales de mejoras en las condiciones de vida de las personas. Esto nos permite desarrollar competencias adecuadas para que el futuro profesional sea capaz de aplicar su conocimiento disciplinar a la realidad en que viven y trabajan las personas, tomando en cuenta el factor humano y social clave para una mejor atención y mejoramiento de las condiciones de vida en forma integral.
Con un trabajo articulado entre estudiantes, dirigentes sociales y autoridades locales, es posible modificar patrones y promover la formulación de proyectos para orientar la implementación de políticas públicas que mejoren los barrios y generen un círculo virtuoso con alto impacto en la calidad de vida. Ha quedado demostrado que la colaboración en la política pública local, en sinergia entre la academia y la comunidad, logra realizar cambios transformadores en los barrios.
En todos estos años de intervención comunitaria hemos ido cumpliendo varios desafíos, que hoy se traducen en barrios que tienen más información y conciencia de sus problemáticas de base, en formar estudiantes que entienden la realidad y aprenden en función de ella y en consolidar una labor académica para realizar un aporte concreto a mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios de Chile.
Francisca Infante
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, U. de Las Américas
Se estima que dentro de dos años, Valparaíso podrá tener operativos 16 ascensores gracias a la millonaria inversión del Estado en su recuperación. Parte importante de este proceso, mediante el cual se han inyectado recursos fiscales para salvar este característico medio de transporte porteño, es generar un plan de gestión y funcionamiento que permita darles sustentabilidad en el tiempo.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha efectuado ese estudio, realizando una cuantificación de los costos de operación de cada uno de los funiculares, considerando variables como el consumo eléctrico, los servicios básicos y el pago de personal, además de su mantención. Los resultados arrojan que el valor anual para tenerlos operativos alcanza los 1.600 millones de pesos.
En el desglose de la propiedad de los ascensores se puede establecer que diez le pertenecen Gobierno Regional: Villaseca, Artillería, Cordillera, Concepción, Espíritu Santo, Florida, Mariposas, Monjas y Larraín, los que están en restauración o en proceso de recuperación, además del Santo Domingo. El municipio de Valparaíso es el dueño de cinco: Barón, Polanco, Reina Victoria, El Peral y San Agustín. Lecheros, en tanto, es privado.
Según explica el seremi de MOP, Miguel Saavedra, cada uno de los funiculares no se puede autofinanciar, por lo cual deben preparar un modelo de operación conjunta de todos ellos.
Y es en este punto donde aparecen las dudas, pues todavía no se define por parte del Estado la forma en que se administrará este medio de transporte, que probablemente generará pérdidas si se piensa en que su único ingreso sea el cobro a los usuarios. En un momento el intendente regional, Gabriel Aldoney, deslizó la posibilidad que una corporación con participación pública y privada para su administración; sin embargo, todo indica que no hay avances significativos en esta materia.
Por eso urge que se diluciden las interrogantes que se han manifestado, por ejemplo en el Consejo Regional, respecto a la operación de los ascensores.
Aunque es una exigencia para todos los gobiernos ser cuidadosos con los recursos fiscales, no es menos cierto que cuando se mezclan aspectos tan diversos, como en el caso de los funiculares porteños, las fórmulas deben ser inteligentes, pero también generosas. Un subsidio, en este caso, no sería sólo la ayuda a un medio de transporte, sino a un patrimonio centenario y, yendo más lejos, también a una esquina del alma porteña.
Se anuncia que en la próxima estación de verano vendrá a Valparaíso mucha gente que sale de capital, por los fuertes calores y por el horror a la soledad en que queda sumida la población de la ciudad. Ya empiezan a llegar los encargos de arrendar casas y esta anticipación es uno de los motivos que hace suponer un aumento de los paseantes a este puerto.
Las escuelas públicas de Limache llegan sólo a 33, lo que es insuficiente para la población escolar. Una de las razones de ello es que no existen casas que puedan transformarse en escuelas. Sin embargo, hay una legislación de septiembre pasado que permite donación de terrenos municipales al fisco, lo que ha surgido como esperanza para edificar nuevas escuelas.
La última esperanza de los condenados a muerte se desvaneció ayer luego que el Presidente de la República denegó la conmutación de la sentencia, dando paso al cúmplase. Luis Osorio Troncoso y Francisco Cuadra Pérez están convictos del triple homicidio con incendio de las hermanas Rosario y Manuela Vera Romero y la doméstica Sara del Carmen Álvarez, en avenida España de la capital.