Caso Marín Orrego: a fin de mes revisarán las subastas de bienes
JUSTICIA. Víctimas del expresidente de Bovalpo protestaron en Viña del Mar a un año del cierre de sus oficinas.
Para el próximo 23 de noviembre se fijó la última audiencia que deberá resolver un complejo tema, que pone en riesgo el pago de las deudas que la corredora Carlos Marín Orrego tiene con 80 personas: las solicitudes de subastas de tres propiedades del expresidente de la Bolsa de Valparaíso (Bovalpo) hechas por los bancos Santander e Itaú.
Lo anterior toma relevancia, además, porque ayer se cumplió un año desde que la corredora pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la cancelación voluntaria del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, y algunas de las víctimas de los delitos que se investigan a Marín, entre los cuales se cuenta el de estafas reiteradas e infracción a la ley general de bancos, se manifestaron ayer frente a la oficina que ocupaba la firma hace un año.
"Hablamos con el fiscal y me explicó lo que estaban haciendo, la situación con los bancos y me dijo que esto era complicado, no era para un año... que hay que investigar hacia dónde se fueron las platas, y estaban viendo si pedían extender el plazo de la investigación, pues el año de ésta se cumple el 23 de diciembre. Pero yo le dije al fiscal que nosotros no tenemos tanto tiempo, hay mucha gente adulta, enferma. Ya pasaría para el próximo año", dijo Gladys Gajardo.
Contó que "el otro día vi en una clínica privada a la esposa de Marín, Caroline Roubik, con arresto domiciliario. A ella le dan permiso para salir por temas de salud, pero ¿y las víctimas mayores que no tienen ni su plata para ir a una consulta particular? Es tan injusto".
Al respecto Claudio Rebeco, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), informó que "la investigación ha seguido su curso", y que "se trata de una investigación altamente compleja, nos hemos abocado a reconstruir el registro histórico de inversionistas, tarea que no ha sido nada fácil, y se han alzado un sinnúmero de cuentas corrientes, tanto de la corredora, como cuentas personales de los socios".
Además, señaló que "actualmente se lleva adelante un peritaje o análisis de trazabilidad de los fondos para conocer el destino de los dineros defraudados, y paralelamente, el Ministerio Público ha obtenido medidas precautorias respecto de seis bienes inmuebles con el objeto de indemnizar en alguna medida a las víctimas afectadas por este caso".
Para el próximo 23 de noviembre se fijó una nueva audiencia donde se revisarán las solicitudes de subastas hechas por los bancos Santander e Itaú contra bienes a nombre de la corredora.
De acuerdo al abogado querellante Juan Espinoza, "Marín no debe haber pagado sus acreencias con los bancos y ellos deben haber hecho efectivas las hipotecas que garantizaban estos créditos. En el evento que eso se llegara a materializar, dejaría en la indefensión absoluta a las víctimas, no tienes cómo hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria que deriva del delito, y nosotros plantearemos esto en la audiencia".
Juan Carlos Manríquez, también querellante, expuso que "los bancos están pidiendo autorización judicial para enajenar porque tienen garantías por créditos no pagados y quieren rematarlas... hasta ahora los tribunales no autorizan a los bancos a rematar cuando hay precautorias o incautaciones a favor de la investigación o de la víctima, si es que esos bienes se presumen instrumento de un delito, y por lo tanto permiten que sigan afectos a la causa penal, y eso es lo que queremos nosotros".
"Nosotros no tenemos tanto tiempo, hay mucha gente adulta, enferma. Ya pasaría para el próximo año"
Gladys Gajardo, Afectada"