El Gobierno presentó ayer formalmente la solicitud de recalificación del delito terrorista de la querella en contra de los cuatro comuneros mapuche que están siendo investigados por la quema de una iglesia, mientras aún había feligreses en su interior, en Padre Las Casas el año pasado, en el denominado "caso Iglesias".

Se trata de los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, y Alfredo Tralcal, quienes protagonizaron una huelga de hambre por más de 100 días, la que habían retomado la semana pasada. Esta fue, sin embargo, abandonada nuevamente durante el domingo, luego de que el Ejecutivo se allanara a recalificar la querella por Ley Antiterrorista, lo que finalmente sucedió ayer.

La acción judicial fue realizada ayer mediante un escrito presentado en el Tribunal de Garantía de Temuco, que fue firmado y entregado por el abogado de la Fiscalía de La Araucanía, Luis Martínez.

En el texto se incluye también una solicitud de rebaja de las eventuales penas de los imputados. Es así como se solicitan tres años y un día de cárcel para Tralcal, y cinco años y un día para los hermanos Trangol.

La recalificación fue acogida por la jueza Luz Mónica Arancibia, a través de un téngase presente, informando de la medida a los intervinientes en la causa.

Con respecto a la solicitud de recalificación, la intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, negó tajantemente que el Gobierno actúe bajo presión y aseguró que se trata de "un gesto humanitario".

"Nosotros no actuamos bajo presión ni bajo ninguna medida de extorsión. Lo que hicimos en La Moneda hace días atrás, y el gesto que hay ahora de parte de ellos, es simplemente una señal de generosidad, un gesto humanitario. Lo que estamos haciendo con los antecedentes que tenemos a la vista es recalificar; no nos hemos desdicho ni retirado las querellas", aseguró la autoridad regional a radio Cooperativa.

Las solicitudes del Gobierno fueron acogidas con preocupación por el empresariado de la zona. El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, aseguró a radio Cooperativa que el Gobierno "toma compromisos a favor de las personas que causan actos de terror y no toma compromisos reales con quienes son las verdaderas víctimas. Es preocupante".

Por su parte, el gobernador de Cautín, Ricardo Chancerel, manifestó que comprende que "puede haber una visión crítica por parte de algunos sectores, pero aquí lo que ha primado es la voluntad del Ministerio del Interior de salvaguardar la integridad física de estos ayunantes y, al mismo tiempo, conciliar la necesidad de Justicia".

"Por lo tanto, también hacemos un llamado a que seamos todos pacientes y, al mismo tiempo, podamos conocer a la brevedad posible los resultados de esta investigación. El juicio no se ha iniciado aún y esperamos que se inicie a la brevedad", agregó.