La polémica en torno al ministro de Justicia, Jaime Campos, a raíz de sus dichos del miércoles, cuando dijo que la Presidenta Michelle Bachelet nunca prometió el cierre del penal de Punta Peuco, sigue creciendo. Esto, porque ayer familiares de detenidos desaparecidos exigieron la destitución del secretario de Estado, quien rechazó cualquier posibilidad de renunciar.
Ayer, por la mañana, el titular de Justicia aseguró no haber leído la carta pública que le envió Carmen Gloria Quintana, la única sobreviviente del Caso Quemados, quien le exigió disculpas públicas luego de que Campos la tratara de "esta señora" y pusiera en duda el compromiso adoptado entre ella y la Mandataria.
Luego, y respecto del cierre del penal, señaló que "cuando tengamos algo que decir, como se los vengo diciendo (a los periodistas) desde hace un año, se lo vamos a informar. Esta es una materia que el Gobierno, y particularmente el Ministerio, la está estudiando y trabajando desde que yo asumí (...) pero hasta el día de hoy no hay ninguna resolución".
A raíz de los dichos de Campos, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) pidió el miércoles la renuncia del ministro. Sin embargo, el secretario de Estado descartó esa opción: "La renuncia de un ministro la pide la Presidenta de la República y no los parlamentarios".
Poco después de las palabras de Campos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos llegó al Ministerio de Justicia para entregar una carta en la que exigen cumplir con el compromiso de la Presidenta de cerrar el centro de reclusión. Piden, además, que el ministro emita disculpas públicas y su salida de La Moneda, asegurando que "no está a la altura del cargo".
Lorena Pizarro, la presidenta de esa agrupación, calificó de "vergüenza inaceptable" que el secretario de Estado ponga en duda el cierre del penal. "Más que promesas, aquí hay un programa que no se ha cumplido (…) Estamos emplazando al ministro a que él renuncie, a que él abandone su responsabilidad en la cartera. El ministro es el interlocutor con las organizaciones de derechos humanos, es quien se hace cargo en avanzar y agilizar la agenda de derechos humanos, pero el ministro de Justicia desde el día uno que llegó ha relativizado el terrorismo de Estado, ha ninguneado los tratados internacionales de derechos humanos", sostuvo Pizarro.
Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, señaló que "no tiene ningún sentido práctico esto de cerrar un recinto carcelario porque tiene una connotación de carácter político".