La Fiscalía de Bruselas pidió ayer ejecutar la entrega del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsejeros al aceptar los cargos alegados por España, a excepción del de prevaricación, mientras que el juez fijó una nueva audiencia para el 4 de diciembre.
El juez belga de primera instancia que examina el caso citó nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos en esa fecha, momento a partir del cual se espera una decisión entre ocho y diez días después, apuntó el entorno del exlíder regional.
"El fiscal ha pedido la ejecución de las órdenes de arresto salvo por un hecho, que es el de prevaricación, tal y como está formulado en el mandato de arresto español", informó en una escueta declaración a la prensa uno de los abogados, Christophe Marchand.
"Por lo demás, cree que la calificación penal en el Derecho belga es la conspiración y la malversación por parte de funcionarios públicos", agregó.
Otro de los abogados, el español Jaume Alonso Cuevillas, explicó que en la sesión de ayer empezó tomando la palabra el fiscal, "recordando que el principio general es el cumplimiento de las órdenes europeas de entrega y no su denegación".
Según dijo, la Fiscalía "descarta que exista corrupción" y "quiere examinar si los hechos descritos en el mandamiento podrían ser constitutivos de algún delito conforme al código belga" y, en particular, el delito de conspiración de funcionarios.
El Ministerio Público, por su parte, celebró una rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado en cuatro lenguas en el que dejó claro que no emitirá ninguna comunicación hasta después de la audiencia del 4 de diciembre.
Argumentó que esa audiencia debe realizarse a puerta cerrada, y que no hará comentarios para no interferir en el "desarrollo sereno de los debates" ni "hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente".
"La Fiscalía no dará ninguna explicación ni comentario sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia", apuntó.