Claudio Ramírez
A comienzos de esta semana la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) optó por demandar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a su concesionario Terminal Pacífico Sur (TPS) por efectuar, entre otros motivos, "una ejecución sistemática y premeditada de una serie de prácticas anticompetitivas en el mercado de atención de naves de pasajeros".
Esto en alusión a la denominada crisis de cruceros que terminó reduciendo de manera dramática la recalada de cruceros en el puerto de Valparaíso tras el alejamiento de las líneas con buques de mayor tamaño y capacidad, como la Norwegian Cruise Line (NCL), Carnival y Royal Caribbean, las cuales optaron por el puerto de San Antonio para realizar sus operaciones.
En el escrito la estatal entrega una serie de argumentos que, a su juicio, darían cuenta de este comportamiento por parte del Terminal Uno de Valparaíso, apuntando -entre otros aspectos- a las tarifas y a la reserva de sitios para la industria de cruceros, algunos de los temas que fueron abordados durante el desarrollo conflicto.
En definitiva, lo que la estatal buscaría con su acción, más allá de solicitar una multa de 20.000 UTA (Unidad Tributaria Anual), equivalente a poco más de US$ 17 millones, es sentar un precedente para tener las reglas claras en la atención a los cruceros, poniendo límites a lo que un concesionario puede o no hacer respecto a la atención de estas naves.
Al respecto, desde TPS recibieron con sorpresa esta acción añadiendo que la misma sería una "gestión instrumental", en respuesta a las iniciativas que el propio concesionario inició el mes pasado contra la EPV.
"Consideramos que ésta sería una respuesta instrumental a las acciones que nuestra empresa ya había iniciado y que continuará ante el TDLC", comentó el gerente general de la empresa, Oliver Weinreich, a través de un comunicado.
El ejecutivo además indicó que la demanda intenta soslayar la carencia de un plan por parte de la estatal para hacer frente al crecimiento de la industria de cruceros. "Esta acción también trata de ocultar la falta de planificación de la EPV en materia de infraestructura para cruceros y la urgencia que debería darle a este último tema".
Poca infraestructura
Agregó que el aumento de recaladas de las naves de pasajeros, junto con el repunte experimentado por la carga, generó que la infraestructura portuaria existente no diera abasto para hacer frente a los dos sectores, algo que en opinión de Weinreich se hizo más notorio por el retraso en la construcción del Terminal Dos.
"Desde nuestra llegada a Valparaíso se registró un aumento muy relevante en el número de recaladas de buques de carga y cruceros, originando que la infraestructura se hiciera insuficiente, situación que se ha visto agravada por el incomprensible retraso en la construcción del Terminal 2, obra que habiéndose licitado al mismo tiempo que el Terminal 2 de San Antonio, aún no se construye".
En esa línea, el ejecutivo recalcó que en los últimos 17 años en Valparaíso el único avance en materia de infraestructura es la extensión en 120 metros del Terminal Uno, efectuada por TPS, lo que -agrega en el comunicado- "contrasta fuertemente con la realidad del Puerto de San Antonio, donde se han construido dos nuevos sitios de atraque y se duplicó la capacidad portuaria".
Lo que resta por saber es en que pie quedará la alianza de la comunidad portuaria de Valparaíso para la construcción de un muelle exclusivo para cruceros.
"Esta acción también trata de ocultar la falta de planificación de la EPV en materia de infraestructura para cruceros"
Oliver Weinreich, Gerente general de TPS"
Urrutia respaldó acción de la estatal
"Esto confirma algo que nosotros hemos sostenido desde un principio y es el perjuicio que provocó una empresa concesionaria del puerto de Valparaíso a toda una ciudad a raíz de los problemas y el bloqueo que generaron en contra de los cruceros", dijo el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) sobre la demanda realizada por EPV. Agregó que ello "no es más que la defensa de una industria que a Valparaíso le costó mucho sacar adelante y que de golpe y porrazo, por intereses mezquinos y particulares de ciertos empresarios y determinados e identificados dirigentes portuarios, terminaron perjudicando a toda una ciudad, por lo que la decisión de la empresa portuaria va en la línea correcta".
recaladas le quedaron al puerto de Valparaíso tras la fuga de cruceros a San Antonio. 12
millones es el monto de la multa que la estatal solicita para el concesionario del Terminal Uno. US$ 17
