Campos dice que envió decreto en abril para mejorar la situación en las cárceles
CRISIS. Ministro de Justicia responsabilizó a la Contraloría por el retraso en la toma de razón de ese documento y aseguró que si ya hubiera sido implementado, los problemas "ya no estarían".
Tras la denuncia de la Corte Suprema respecto a la "grave" situación en las cárceles nacionales, el ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que la información "no nos sorprende" y aseguró que en abril del año pasado envió un decreto a Contraloría para mejorar la situación en los recintos penales, el que se esperaba que entrara en vigencia en diciembre pasado.
El lunes, el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, dio a conocer un informe sobre la situación carcelaria y alertó de la sobrepoblación, la que dijo que produce "nefastas consecuencias" que redundan en un "grave atentado a la dignidad de las personas que la sufren".
Entre las situaciones denunciadas están los altos niveles de sobrepobación penal, la que llega al 154% en la cárcel de Limache y a 88% en la ex Penitenciaría de Santiago. Asimismo, están los largos tiempos de encierro, que se extienden hasta 16 horas, y el hecho de que los reclusos reciban su última alimentación del día a las 16.00 horas.
"La verdad es que no nos sorprende para nada el contenido del mismo, puesto que es lo mismo que la Fiscalía Judicial ha venido señalando por lo menos desde hace 15 años", comentó el ministro Campos.
Críticas a la contraloría
Jaime Campos apuntó a la Contraloría General de la República por su demora en la toma de razón de un decreto firmado por él mismo, en abril del año pasado, para solucionar esta situación y que se esperaba que entrara en vigencia en diciembre pasado.
"Con fecha 27 de abril de 2017, a pocos meses de haber asumido el Ministerio de Justicia, nosotros firmamos el decreto supremo 382 que establece el nuevo reglamento penitenciario en Chile", dijo el titular de Justicia.
"La inmensa mayoría de las observaciones, de los reparos planteados por la Fiscalía Judicial, están resueltas, recogidas o contenidas en este decreto que debió haber entrado en vigencia el 1 de diciembre del año 2017", dijo Campos. El ministro agregó que el problema se debe a que "la Contraloría General de la República no ha tomado razón de este (decreto)".
"se establece todo"
El secretario de Estado aseguró que el ministerio "ha cumplido cabalmente lo que nos correspondía hacer". "En el decreto se establece todo. Las normas en materia de alimentación, encierro, tipo de castigo que hay que imponer. Todo está contenido, es cosa que lo lean", detalló.
Campos aseguró que con el decreto implementado, todos los problemas que enumera el informe presentado por la Corte Suprema "ya no estarían". "Contraloría tiene que cumplir con este decreto, o si no estaría faltando al ámbito jurídico", agregó. Campos, además, aseguro que no han recibido "ninguna" respuesta de la Contraloría, "a pesar de nuestra insistencia".
La fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, respondió al ministro de Justicia. "Si él dice que esto está resuelto me parece muy bien. Nosotros constatamos esto durante el año 2017 y fue también señalado por Mónica Maldonado, la fiscal de la Corte Suprema anterior, y denunciado también o señalado en el 2003 y no vimos grandes cambios", comentó.
"Si él dice que esto está resuelto me parece muy bien. Nosotros constatamos esto durante el año 2017".
Lya Cabello Fiscal judicial de la Suprema."
"Condiciones preocupantes"
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, Joe González, dijo que el informe presentado por la Corte Suprema ni siquiera "logra ejemplificar lo que se vive en una cárcel". "Infraestructura deplorable, condiciones infrahumanas y todo eso afecta a los propios internos y también a los funcionarios; entonces, nos preguntamos cuándo la clase política escucha a los distintos actores que están escuchando esta crisis", opinó el dirigente.